A punto de cumplirse un año del fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell, el papel del Gobierno en esa operación sigue estando en cuestión y bajo la lupa. El boicot de Moncloa fue clave para el desenlace y no sólo levantó suspicacias en Bruselas, donde la Comisión abrió un expediente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que también ha provocado que otros agentes del mercado pidan luz y taquígrafo sobre el procedimiento. Entre otras acciones, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas que endurecían las condiciones que había puesto previamente Competencia para dar luz verde a la adquisición amparándose en un informe de la Abogacía del Estado para el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo; ahora, el Consejo de Transparencia le obliga a hacerlo público para conocer los argumentos con los que su departamento estuvo capacitado para imponer a la operación condiciones distintas a la materia de competencia.
Responde así a la reclamación de un tercero que pide conocer el análisis en el que se basó el Gobierno para endurecer las condiciones de la operación más allá de las que estableció la CNMC
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A punto de cumplirse un año del fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell, el papel del Gobierno en esa operación sigue estando en cuestión y bajo la lupa. El boicot de Moncloa fue clave para el desenlace y no sólo levantó suspicacias en Bruselas, donde la Comisión abrió un expediente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que también ha provocado que otros agentes del mercado pidan luz y taquígrafo sobre el procedimiento. Entre otras acciones, el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas que endurecían las condiciones que había puesto previamente Competencia para dar luz verde a la adquisición amparándose en un informe de la Abogacía del Estado para el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo; ahora, el Consejo de Transparencia le obliga a hacerlo público para conocer los argumentos con los que su departamento estuvo capacitado para imponer a la operación condiciones distintas a la materia de competencia.
La resolución responde así a un recurso presentado por un demandante cuya identidad «no tiene la condición de interesado», según el documento. Dicho reclamante solicitó a Ministerio del vicepresidente acceder al informe de la Abogacía del Estado relacionado con la capacidad del Consejo de Ministros para imponer condiciones en la operación. El departamento liderado por Cuerpo denegó el acceso, argumentando que la Ley de Defensa de la Competencia establece un régimen específico de confidencialidad para este tipo de expedientes; el solicitante recurrió la denegación y ahora el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo avala y ordena a Economía proporcionar el informe solicitado, salvo las partes que puedan ser confidenciales y cuya exclusión debe estar debidamente justificada.
Entre otras cosas, Transparencia señala que el Ministerio no justificó que el informe tuviera carácter confidencial ni formó una pieza separada como exige la ley; también expone que la Ley de Defensa de la Competencia establece un régimen específico de confidencialidad, pero no absoluto ni extensivo a toda la documentación. «Partiendo de que la aplicación de los límites deber ser justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de la protección, así como atender a las circunstancias concretas de cada caso, este Consejo considera que no se ha justificado de forma suficiente la concurrencia de los límites previstos en las letras f) y h) del artículo 14.1 LTAIBG, por lo que no puede fundamentarse en ellos la denegación del acceso a la información solicitada», explica el organismo. Añade además que el deber de secreto del artículo 43 de la Ley de Defensa de la Competencia es para empleados públicos y no limita el derecho de acceso a terceros y da un plazo de diez días al Ministerio para entregar el informe requerido al solicitante, justificando cualquier parte que excluya por confidencialidad.
De esta forma, Moncloa tendrá que desvelar casi doce meses después algunos de los argumentos en los que se basó su insólita intervención en la opa. Nunca antes hasta ese momento el Gobierno había endurecido las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una operación similar en ningún otro sector. El Ejecutivo autorizó la adquisición, pero impidió los despidos y el cierre de sucursales y obligó a ambas entidades a mantener separadas la personalidad jurídica y el patrimonio durante tres años, así como la autonomía en la gestión de su actividad, lo que en la práctica suponía congelar durante al menos tres años una fusión entre ellas y eliminar gran parte de los incentivos que BBVA y los accionistas interesados pudieran tener en su éxito.
Los accionistas terminaron rechazando la oferta de Carlos Torres, que no llegó al mínimo del 30% que se había marcado -la aceptación se quedó en el 25,33% de las acciones y del 25,47% de los derechos de voto-, pero la operación ha marcado un antes y un después en el panorama corporativo del país. El Gobierno amenazó con el veto desde el lanzamiento oficial de la propuesta y sus condiciones lanzaron un claro mensaje al mercado de hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a intervenir si lo considera oportuno.
La maniobra no sólo no gustó al mundo empresarial español, sino que generó malestar en Bruselas, que el pasado mes de junio amplió el expediente abierto al país y le urgió a adaptar una directiva regional que marca la capacidad de margen del Gobierno en las grandes operaciones bancarias.
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