La ‘trampa’ de la jubilación demorada: cobrar de golpe el pago único recorta a la mitad el premio por seguir trabajando

El envejecimiento de la población y la presión sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar una ambiciosa reforma bajo la que subyace un objetivo nítido a la par que complejo: retrasar cada vez más la edad de jubilación efectiva. Y lo hizo a través de dos vías: penalizando el retiro anticipado de los trabajadores y premiando a quienes opten por seguir trabajando más allá de la edad legal. Sin embargo, una de las fórmulas elegidas para incentivar el retraso de la jubilación tiene trampa, ya que, por distintas razones, los jubilados acaban renunciando a una parte importante de su pensión futura.

Se trata del conocido como «pago único». Un cheque a tanto alzado que ofrece la Seguridad Social a quienes se jubilen después de la edad legal. De manera voluntaria, los jubilados también pueden optar por un incremento permanente en su pensión mensual de por vida (un 4% adicional) o decantarse por una combinación de ambas fórmulas. Lo cierto es que el interés por cobrar el dinero de golpe ha crecido notablemente, ya que si en 2023 el 18,5% de los jubilados demorados optaron por la modalidad de pago único o mixto, en 2024 el porcentaje aumentó hasta el 24%, con más de un 21% eligiendo únicamente el cobro del cheque.

¿Qué compensa más? La realidad es que el premio por retrasar la jubilación se reduce a la mitad si se cobra en pago único en vez de mes a mes. No existe, por tanto, neutralidad actuarial, concepto que implica que el dinero que la Seguridad Social entrega de golpe debería tener exactamente el mismo valor financiero actualizado que el conjunto de mensualidades de pensión a las que el trabajador renuncia durante los años que le queden de vida.

Así lo concluye un informe elaborado por Fedea que evalúa 280 perfiles representativos combinando diferentes niveles de pensión, sexos, edades de jubilación, años demorados y carreras de cotización, utilizando tablas de mortalidad diferenciadas por nivel de renta. La conclusión fundamental es tajante: la fórmula legal del pago único no es actuarialmente neutra en ninguno de los perfiles analizados. Es decir, todos los trabajadores que se decantan por el cheque frente al incremento vitalicio de la pensión sufren una penalización financiera.

En concreto, el estudio determina que el pago único representa, de media, solo el 51,2% del valor actuarial de la pensión vitalicia cedida. Esto significa que, en términos estrictamente financieros y actuariales, el trabajador medio que elige el dinero de golpe pierde aproximadamente el 48,8% del valor económico de su incentivo en comparación con cobrar el aumento mensual del 4%. En otras palabras: optar por el cheque implica renunciar a prácticamente la mitad del valor de la pensión que recibiría durante toda la jubilación.

Para los autores del estudio, estos resultados plantean «una cuestión distributiva relevante», ya que la brecha es más amplia para las mujeres porque su mayor longevidad eleva el valor esperado de un complemento cobrado durante toda la vida, mientras que el pago único legal no incorpora esa diferencia. Además, aumenta con el nivel de pensión: la fórmula del capital crece menos que proporcionalmente, mientras que el complemento permanente mantiene una relación más directa con la pensión. De manera que dos personas con el mismo retraso pueden recibir pagos únicos que representan proporciones muy distintas, dependiendo de su sexo, longevidad esperada y cuantía de su pensión.

Incluso en el escenario más favorable planteado por los autores, el dinero a tanto alzado recibido en un solo pago en el momento del retiro sigue siendo inferior al valor del complemento vitalicio. Con todo, el informe concluye que los jubilados que optan por cobrar el cheque no necesariamente están tomando una mala decisión. De hecho, el capital puede resultar atractivo «para atender necesidades inmediatas, amortizar deuda, invertir, dejar una cantidad heredable o reducir la exposición a cambios futuros en las reglas de las pensiones», explican desde Fedea.

El estudio propone «revisar la calibración del pago único para reducir diferencias sistemáticas y reforzar la información en el momento de la elección». «Una comunicación útil debería mostrar, junto al capital, el complemento mensual alternativo, su valor actuarial estimado y el horizonte a partir del cual la opción vitalicia acumula más pagos», señala. Así, los autores no recomiendan eliminar la flexibilidad, pero sí concluyen que una decisión irreversible entre liquidez presente e ingresos vitalicios «requiere comparaciones comprensibles y una fórmula cuya falta de neutralidad sea explícita». «La política pública puede respetar preferencias heterogéneas y, al mismo tiempo, evitar que el diseño oriente silenciosamente la elección hacia una opción menos valiosa«, sentencian.