El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de un millón de euros a la empresa de alquiler de vehículos Avis por cobrar una tarifa, de entre 33,88 y 45 euros, en concepto de «gastos de gestión» a los clientes que eran sancionados con una multa de tráfico mientras conducían uno de sus coches.
La empresa cobraba una tarifa de entre 33,88 y 45 euros en concepto de «gastos de gestión» a los clientes que eran sancionados con una multa de tráfico mientras conducían uno de sus coches
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de un millón de euros a la empresa de alquiler de vehículos Avis por cobrar una tarifa, de entre 33,88 y 45 euros, en concepto de «gastos de gestión» a los clientes que eran sancionados con una multa de tráfico mientras conducían uno de sus coches.
Avis aplicaba este recargo por tramitar la notificación y comunicar a la Administración la identidad de la persona infractora. Dado que la empresa está obligada por ley a facilitar estos datos, Consumo considera que se trata de una práctica abusiva, según ha detallado el departamento ministerial en un comunicado.
La sanción se ha impuesto en su grado máximo tras ser calificada como infracción muy grave. La resolución concluye que la cláusula vulnera los artículos 82, 87.5 y 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), al imponer el cobro por un trámite legal preceptivo y generar un desequilibrio contractual desproporcionado en perjuicio del usuario.
Asimismo, el ministerio recuerda que identificar al conductor responsable constituye un deber del titular del vehículo conforme al artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Por tanto, este coste operativo no puede repercutirse a los clientes.
Consumo aplicó el agravante de reincidencia y persistencia, recordando que el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vitoria-Gasteiz ya había declarado nula y abusiva esta misma cláusula en una sentencia del 22 de septiembre de 2020.
El procedimiento se inició a raíz de una denuncia de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV). La resolución agota la vía administrativa, aunque la compañía aún puede recurrirla ante los tribunales.
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