El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera Ley Nacional que regula la inteligencia artificial y que prevé trasladar la reglamentación europea de IA a la legislación española.
El Ejecutivo carece de apoyos para aprobar el régimen sancionador
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera Ley Nacional que regula la inteligencia artificial y que prevé trasladar la reglamentación europea de IA a la legislación española.
El texto deberá pasar ahora por un estancado Congreso de los Diputados, donde es complicado que las iniciativas del Gobierno sigan adelante, más si cabe tras la distancia que han tomado algunos socios tras la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al tratarse de una ley orgánica.
El texto recoge sanciones de hasta 35 millones de euros para quien incumpla el texto y establece la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) para estas, así como un compromiso para que, seis meses después de su aprobación, la entidad tenga el carácter independiente que exige la Comisión Europea y que ahora no cumple en aspectos como la selección de su máximo dirigente.
La ley incluye diez ámbitos prohibidos para la utilización desde la tecnología, como la identificación de rostros en lugares públicos o los sistemas de escaneo de emociones en el ámbito laboral, y la obligación de etiquetar contenidos sintéticos creados con IA.
También registra los casos de alto riesgo que deberán ser controlados por humanos como en casos de elección de personal, admisión educativa e infraestructuras críticas.
La ley sigue a la Ley Europea de IA, actualmente en revisión con el Digital Omnibus, que extenderá los plazos de cumplimiento para todas las empresas con ánimo de fomentar la innovación.
Esto no evitará que, a partir de agosto, entre en vigor en Europa la obligación de etiquetar los contenidos creados con IA, cuyo cumplimiento la Aesia exigirá, pero no podrá sancionar, ya que, con el periodo de sesiones terminando en julio, se da por imposible la aprobación de la ley en tiempo.
Los siguientes plazos se extienden hasta agosto, con la transparencia de los modelos de IA de uso general y las obligaciones para la puesta en marcha de sistemas de alto riesgo anexo.
Además, refuerza el control del uso de la IA en la Administración con la creación de un delegado de IA en cada Ministerio y la creación de un inventario que registre todos los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan en la Administración. Lo que no incluye son sanciones económicas al sector público.
Entre los principales cambios respecto al borrador, se encuentra el mayor papel coordinador de esta organismo en la aplicación de la regulación con otros organismos como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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