Jaume Olmos es el director de la escuela rural de Benavites y Quart de les Valls (Valencia), un centro de Infantil y Primaria que escolariza a los 240 niños de estos dos municipios y que cuenta con dos aularios independientes. Uno de ellos es un edificio prefabricado y el otro, a la espera desde hace siete años a que se realice una reforma estructural, tiene el baño en mitad del patio, no dispone de conserjería ni de despachos, y utiliza el comedor también como aula. Los niños resuelven los problemas de Matemáticas junto a la cocina, mientras la cocinera prepara las bandejas del cátering y entran y salen los monitores. Hay ruido y olores. No es, ciertamente, el mejor lugar para el aprendizaje.
El Gobierno no ha puesto nada en marcha todavía para mejorar la carrera docente. Hasta los directores de los centros educativos denuncian que se sienten «abandonados»
Jaume Olmos es el director de la escuela rural de Benavites y Quart de les Valls (Valencia), un centro de Infantil y Primaria que escolariza a los 240 niños de estos dos municipios y que cuenta con dos aularios independientes. Uno de ellos es un edificio prefabricado y el otro, a la espera desde hace siete años a que se realice una reforma estructural, tiene el baño en mitad del patio, no dispone de conserjería ni de despachos, y utiliza el comedor también como aula. Los niños resuelven los problemas de Matemáticas junto a la cocina, mientras la cocinera prepara las bandejas del cátering y entran y salen los monitores. Hay ruido y olores. No es, ciertamente, el mejor lugar para el aprendizaje.
«El estado del centro es un reflejo de la importancia que se da a la educación y de lo que nos valoran las autoridades. En la escuela rural se permiten todo tipo de singularidades: hemos normalizado la precariedad», lamenta este maestro, que ha sido denunciado por la Conselleria de Sanidad por utilizar el comedor como aula, al no garantizarse las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. Se trata de una situación peculiar, pues es la Generalitat -a través de Sanidad- la que regaña a una escuela pública de la Conselleria de Educación, que también pertenece a la propia Generalitat. El director, en medio del conflicto, no tiene posibilidad de resolver la situación. Y así llevan cinco años.
Al lado de Jaume Olmos está Victoria García Castelló, directora del instituto público Altos Hornos de Sagunto (Valencia), que asegura que «no se trata de un caso aislado» y que «ocurre también en otros centros». Esta profesora de Geografía e Historia con más de dos décadas de experiencia cuenta que «en un colegio cercano del Puerto de Sagunto también tienen que dar la clase en el comedor, e incluso en la biblioteca y en los despachos». «A nosotros, con el número de grupos que tenemos, nos está faltando un aula y también estamos pensando en usar la cafetería», reconoce.
EL MUNDO ha reunido a Olmos, a García Castelló y a otros seis directores de colegios e institutos públicos valencianos para hablar del estado de la educación ante la llegada del nuevo curso, marcado por el malestar de los profesores ante las crecientes dificultades con las que se encuentran para desempeñar su tarea en una sociedad en transformación. El encuentro tiene lugar un centro educativo de la ciudad de Valencia sin aire acondicionado, donde se registra una temperatura de 35 grados. El aula está vacía, pero no es difícil imaginar el calor que puede sentir la treintena de adolescentes que suele ocuparla. «Así está la mayoría de los centros», dicen los directores encogiéndose de hombros.
La Comunidad Valenciana fue el principal foco de las protestas de los docentes durante el curso pasado, con una huelga prolongada y numerosas jornadas de paro. En ellas también tuvieron mucho protagonismo los directores de los centros, figuras técnicas de peso vinculadas a la administración que suelen permanecer al margen de estas reivindicaciones. Esta vez la situación cambió. Jaume Olmos y otros 137 directores de escuelas públicas, 77 jefes de estudios y 56 secretarios, así como 19 funcionarios con distintos niveles de responsabilidad, presentaron por escrito su dimisión ante la Conselleria como un «grito de socorro» por haber llegado «a una situación límite». La Generalitat del PP ha cedido en algunas cuestiones laborales, pero en septiembre seguirán las negociaciones y no se descarta que haya nuevas movilizaciones.
Los ocho directores entrevistados para este reportaje forman parte de ese grupo que presentó su dimisión, que deberán ratificar en septiembre. Las principales razones de su protesta son la falta de medios para atender al creciente número de alumnos con necesidades especiales de aprendizaje, y un aumento de la burocracia y de sus tareas que se ha intensificado desde la aprobación en 2020 de la Lomloe, más conocida como la Ley Celaá.
«La escuela no se ha adaptado a los cambios sociales que se han producido en los últimos años. Las leyes educativas van por un lado y la realidad por otro», comienza Silvia García Merino, directora del IES Marjanade Chiva (Valencia).
«Hay más necesidades de aprendizaje, más inmigración, más familias desestructuradas y por eso son necesarios más recursos para acceder a una inclusión real. Los profesores ahora somos también papás y mamás, cuidadores, psicólogos, enfermeros… Hacemos de todo menos nuestro trabajo», señala Ismael Donet, director del CEIP Víctor Oroval Tomás de Carcaixent.
«El 10% de nuestro alumnado es ucraniano. Vienen de sufrir situaciones violentas y están con estrés postraumático. Necesitamos personal especializado», apunta, por su parte, Victoria García Castelló.
«El aula TEA antes eran sólo para niños con trastorno del espectro autista, pero la Administración nos llamó y nos dijo que tenía que meter a un niño de acogida, prometiendo un recurso que tarda meses en llegar, con lo que el aula se encuentra tensionada», prosigue Juan José Rodríguez, director del CEIP Teodoro Llorente de Valencia.
«Los protocolos son necesarios y no estamos en contra de una burocracia con sentido, pero, con la situación actual, puedo dedicar toda mi jornada de trabajo sólo a gestionar los títulos», indica Eva Bisquert, directora del IES Ramon Llull, en la misma ciudad.
Quejas similares a éstas se repiten en los centros de otras comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar la educación. Para septiembre hay programadashuelgas en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, así como movilizaciones en toda España impulsadas por el sindicato CSIF que podrían desembocar en un paro nacional. Las denuncias van contra los gobiernos autonómicos, pero también contra el Gobierno de Pedro Sánchez. «Esta no es una situación política puntual, sino una política de Estado que progresivamente va deteriorando los servicios públicos, vaciando de contenido la profesión docente y la creación del conocimiento, y llenándonos cada vez de más papeles y más trabajo. La escuela se ha convertido en una ONG para que la sociedad funcione», insiste García Castelló.
La comunidad educativa reclama «soluciones de Estado» y afea al Gobierno que no haya cumplido con lo que prometió a pesar de que dijo que ésta iba a ser «la legislatura del profesorado». En enero de 2022, la entonces ministra Pilar Alegría presentó un conjunto con 24 propuestas para reformar la profesión que incluía un novedoso sistema de evaluación de los profesores vinculado a retribuciones profesionales, algo que mejoraría la situación de los docentes, al establecer una verdadera carrera profesional que les permitiera progresar en función de sus intereses. Pero nada se ha hecho.
La única medida relacionada con los docentes ha sido aprobar un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en el Congreso de los Diputados, para rebajar el número de alumnos por aula y limitar la jornada lectiva del profesorado. Está previsto que a partir de septiembre el Gobierno y los sindicatos comiencen a negociar el ingreso en la función docente, con la revisión de la carrera de Magisterio, las prácticas y los temarios de las oposiciones.
Pero, a un año de las elecciones generales, nadie en la comunidad educativa cree que se produzcan demasiados avances debido al desgaste electoral que generan este tipo de reformas, que ningún Gobierno ha logrado poner en marcha.
Profesores y directores celebran la bajada de las ratios, pero creen que de poco servirá si no va a acompañada de una financiación adecuada. «En el papel todo es muy bonito, pero el problema es cómo se materializa, y son los profesores, al final, los que hacen todo el esfuerzo. La Lomloe, por ejemplo, apuesta por la inclusión, pero es apostar por algo sin poner recursos», se queja Jaume Olmos, que tiene en su colegio a más de un 40% de alumnos con necesidades de aprendizaje.
Lo sabe bien Paula Montesinos, la directora orquesta de la escuela infantil El Tabalet de Benifairó de les Valls. Además de este cargo, ha asumido las tareas de la jefa de estudios, de las secretarias, de todas las coordinadoras docentes y hasta de la encargada del comedor y del conserje. «Yo lo hago todo, hasta abrir y cerrar la puerta de la escuela, responder al teléfono y colgar los carteles», expresa esta maestra, que también está abocada a encargarse de «todas las programaciones, todas las evaluaciones y toda la gestión con las familias».
El caso de las trabajadoras de la educación de 0-3 años, que en mayo protagonizaron una sonada protesta a nivel nacional, es especialmente «crítico» por su precariedad, falta de inversión pública y plantillas insuficientes, con sueldos que apenas superan el salario mínimo a pesar de tratarse de un trabajo con elevada responsabilidad sobre niños muy pequeños.
Pero también ocurre igual, por toda España, en colegios, institutos, centros de Formación Profesional y centros de enseñanzas artísticas. El Conservatorio Superior de Danza de Valencia, por ejemplo, está en un edificio con una «red eléctrica de los años 70», unos «baños que se atascan constantemente» y una «caldera que está estropeada». «Son alumnos de danza, que se mueven constantemente, pero no tenemos ni duchas», lamenta Mónica Palerm, la jefa de Estudios. Su reflexión final es pesimista: «Vamos tragando nosotros y van tragando los alumnos. Al final, por su vocación, aceptan dar la clase en unas condiciones que no son dignas».
A su lado, Eva Bisquert constata: «Estamos educando en la aceptación de la precariedad».
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