El empresario vasco Alejandro Hamlyn López Tapia permanece detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde el pasado lunes y la Justicia española reclamará su extradición por su participación en la trama de las cloacas del PSOE, por el fraude fiscal en hidrocarburos del grupo Hafesa de 154 millones de euros y por los presuntos sobornos a un policía nacional destinado en la Audiencia Nacional. Hamlyn fue arrestado por la Interpol en Abu Dabi a donde huyó en las primeras semanas de 2025 y desde donde contactó con la fontanera de Ferraz Leire Díez para evitar su condena como cerebro de la trama del fraude fiscal a cambio de información con la que «matar» la credibilidad del teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Buscó en Leire Díez garantías de impunidad a cambio de información contra el jefe de la UCO y recurrió a sus contactos con el PNV para mantener a flote Hafesa
El empresario vasco Alejandro Hamlyn López Tapia permanece detenido en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde el pasado lunes y la Justicia española reclamará su extradición por su participación en la trama de las cloacas del PSOE, por el fraude fiscal en hidrocarburos del grupo Hafesa de 154 millones de euros y por los presuntos sobornos a un policía nacional destinado en la Audiencia Nacional. Hamlyn fue arrestado por la Interpol en Abu Dabi a donde huyó en las primeras semanas de 2025 y desde donde contactó con la fontanera de Ferraz Leire Díez para evitar su condena como cerebro de la trama del fraude fiscal a cambio de información con la que «matar» la credibilidad del teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Alejandro Hamlyn y Leire Díez mantuvieron en febrero de 2025 una videoconferencia de casi una hora de duración en la que la que el empresario reclamó apoyo para garantizarse su impunidad pese a las evidencias jurídicas que le situaban como el cerebro de un fraude fiscal de 154 millones de euros. Hamlyn había logrado entre el año 2015 y el año 2019 activar un complejo entramado de empresas que utilizaba el combustible adquirido como operador al por mayor por Hafesa y almacenado en los depósitos fiscales de Bilbao y de Motril para defraudar al menos los 154 millones detectados por la Guardia Civil. Al frente de las investigaciones se encontraba el entonces coronel Antonio Balas y el empresario vasco buscó en la fontanera de Ferraz un acuerdo para que la Fiscalía retirara los cargos contra él a cambio de información comprometedora contra el jefe de la UCO. «Tengo una cosa; con una cosa que te dé [sobre Balas] ya está, está muerto«, le traslado Hamlyn a Leire Díez en la conversación mantenida por ambos en febrero de 2025 y que forma parte de la investigación judicial asumida por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Durante la negociación entre Hamlyn y Leire Díez, el empresario vasco condicionó su apoyo a que la fontanera de Ferraz acreditara sus gestiones con un «papelito» pero llegó a admitir la posibilidad de que el compromiso contara con el aval del presidente del PNV, Andoni Ortuzar. «Me parece un señor cojonudo», le confesó Hamlyn a Díez durante la conversación mantenida en febrero de 2025. La fontanera de Ferraz, en su objetivo de lograr de Hamlyn la información para desacreditar a Balas, llegó a insinuar que tenía capacidad para rebajar impagos a la Hacienda vizcaína del grupo Hafesa de 225 millones de euros.
Hamlyn, nieto de un empresario vizcaíno también ligado a sucios negocios en el sector de los hidrocarburos, no solo conocía a Ortuzar sino que, según adelantó The Objective, había mantenido una reunión en 2023 con el entonces presidente del PNV para lograr que la Hacienda vizcaína facilitara el aplazamiento de pago de la deuda fiscal de Hafesa en Euskadi y, de esta manera, garantizar que siguiera operando a pesar de todos los indicios sobre el impago del IVA aportados por la UCO cuando en abril de 2019 se culminó la operación Drake contra Hamlyn, directivos de Hafesa y de sociedades pantalla creadas para perpetrar el fraude. La Audiencia Nacional ratificó en su sentencia de noviembre de 2025 esta trama en la que el número dos de Hamlyn, Norberto Uzal, fue condenado a 16 años de cárcel. Otros doce imputados fueron condenados con distintas penas de cárcel y la sociedad Hafesa Energía fue considerada «cooperadora necesaria» en el fraude y distribución de los impuestos por IVA defraudados.
La Hacienda vizcaína controlada por el PNV facilitó en 2023 -meses después del encuentro entre Hamlyn y Ortuzar- los aplazamientos de pago del grupo Hafesa estimados en 225 millones de euros. La diputada foral de Hacienda Itxaso Berrojalbiz se vio obligada a comparecer para explicar públicamente por qué una empresa investigada desde 2019 por un fraude millonario del IVA a la Hacienda estatal había conseguido en 2023 el aplazamiento de sus obligaciones fiscales en la hacienda vizcaína.
Hamlyn no solo mantenía una relación personal con la cúpula del PNV sino que, además, contaba en la nómina de Hafesa con ex técnicos de la Hacienda vizcaína y consiguió el apoyo de un empresario nacionalista como intermediador con los responsables económicos de la Diputación de Vizcaya. En su comparecencia de junio de 2025, la diputada foral del PNV defendió los aplazamientos de pago de 225 millones a Hafesa como parte del apoyo a las empresas vascas con dificultades. Según los datos aportados, la Hacienda vizcaína concedió entre 2012 y 2025 aplazamientos de pago por valor de 2.165 millones de euros. Pero Berrojalbiz no quiso aclarar por qué al grupo de Hamlyn se le facilitó aplazar 225 millones en 2023; casi un 11% del total. El respaldo del PNV al grupo de Hamlyn explica por qué la diputada Berrojalbiz eludió aclarar la petición de información requerida por el PP de Vizcaya el pasado mes de febrero sobre las subvenciones y ayudas públicas concedidas al grupo Hafesa. «Esta diputación foral no dispone de información suficiente para determinar qué sociedades componen el grupo Hafesa», respondió la diputada de la Hacienda más importante de Euskadi.
Pese a que la Diputación de Vizcaya justificó los aplazamientos de pago a Hafesa en junio del año 2025 tan solo un año y un mes más tarde decidió suspender su Código de Actividad y Establecimiento del depósito de hidrocarburos en el Puerto de Bilbao. Una decisión que estrangula la actividad del grupo de Hamlyn y que Vizcaya adoptó catorce días después de que el Gobierno de España inhabilitada a Hafesa Energía como operadora al por mayor.
La continuidad de Hafesa ha sido el objetivo fundamental de Hamlyn desde 2019 hasta su detención el pasado lunes. Para ello, llegó a pagar 4.000 euros mensuales a un agente de la Policía Nacional destinado en la Audiencia Nacional para que le informara sobre las investigaciones judiciales sobre su grupo de empresas. Un informe de Asuntos Internos desveló el pago de estas mordidas. Hamlyn se encuentra investigado en esta causa en la que compareció como testigo antes de emprender su fuga a los Emiratos Árabes.
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