El Gobierno ha emprendido el proceso para ir dejando morir algunas de las medidas que activó para contener la inflación tras el estallido de la guerra en Irán, como las rebajas fiscales sobre el gas y la electricidad, que previsiblemente terminarán el 1 de junio, en un contexto de márgenes empresariales récord para las compañías suministradoras.
Se llevan un 21,6% por unidad vendida, un nivel que rebasa con fuerza el nivel precovid
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El Gobierno ha emprendido el proceso para ir dejando morir algunas de las medidas que activó para contener la inflación tras el estallido de la guerra en Irán, como las rebajas fiscales sobre el gas y la electricidad, que previsiblemente terminarán el 1 de junio, en un contexto de márgenes empresariales récord para las compañías suministradoras.
Tras la reunión de este lunes con agentes sociales, desde el Ministerio de Economía explicaron que el foco está ahora en analizar cuáles de las medidas que decaen el 30 de junio, como por ejemplo la rebaja fiscal de los carburantes, se prorrogarán durante el verano, algo que decidirán en las próximas semanas tras mantener reuniones sectoriales. Sin embargo, ya se da por descontado que el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña volverá a pasar del 10% al 21% a partir del próximo lunes.
Esta normalización en la fiscalidad de la electricidad y el gas se produce después de semanas en las que los precios de las materias primas energéticas se hayan ido conteniendo ante el posible acuerdo entre EEUU e Irán y la probable reapertura del Estrecho de Ormuz, dado que además estas medidas tienen un coste fiscal elevado en un contexto de escaso margen presupuestario.
La rebaja del IVA ha ayudado a frenar la escalada de precios que se ha producido desde de que Donald Trump lanzara las primeras bombas sobre Irán hace ya tres meses. El precio del barril de Brent –el crudo de referencia en Europa- emprendió una subida que lo llevó a rozar los 120 dólares, si bien en las últimas semanas ha vuelto a bajar hasta rondar ahora los 85 dólares, un 18% más que antes del conflicto. Por su parte, el gas natural de referencia en Europa superó los 62 euros el MWh, para después moderarse al entorno de los 46 euros, un 52% más que antes de la guerra.
Este encarecimiento de las materias primas energéticas a nivel mundial ha llevado a las suministradoras en España a incrementar sus tarifas para el consumidor final -ya sean hogares o empresas-, una coyuntura que han aprovechado además para incrementar su porción de beneficio respecto a la unidad vendida.
En concreto, los márgenes de beneficio de las empresas dedicadas al suministro de electricidad y gas se sitúan en el 21,6% en lo que va de 2026, 2,8 puntos por encima del año pasado y del nivel precovid y en récord desde el año 2009, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.
Se trata del margen unitario sobre ventas, es decir, el beneficio que se llevan las compañías de cada unidad vendida a partir de datos extraídos del Impuesto de Sociedades, y demuestra que las compañías que se dedican a vender electricidad y gas en España están lucrándose con fuerza este año aprovechando el encarecimiento de las materias primas que ha provocado el conflicto en Oriente Medio.
El Observatorio de Márgenes Empresariales de la AEAT demuestra que las compañías de este sector tienen unos márgenes unitarios muy superiores a la media del país (en el 8,4%). De hecho, le siguen muy de lejos la industria química (8,8%), la alimentación (7,1%) y la construcción (6,8%).
El encarecimiento de los combustibles fósiles vivido este año en respuesta a la crisis internacional ha llevado al Gobierno a pedir a Bruselas que apruebe un nuevo impuesto para gravar las ganancias de las compañías.
«Por eso pedimos a la Comisión Europea que cree un impuesto especial sobre los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las compañías de petróleo y gas. En tiempos difíciles, confío en que estarán a la altura del desafío para que podamos apoyar a los consumidores en esta coyuntura tan difícil», pidió el presidente, Pedro Sánchez, en abril en su intervención inaugural en WindEurope 2026, un foro sobre energía eólica en el que participan representantes de la industria europea y el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen.
Su petición pública se producía después de que unos días antes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitara por escrito junto a Alemania, Austria, ltalia y Portugal, a la Comisión explorar un «instrumento fiscal de solidaridad» que obligara a las compañías que se están lucrando con la guerra en Oriente Medio a contribuir a aliviar la carga sobre consumidores y presupuestos públicos.
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