Por fuera eran naves anónimas, situadas en no-lugares. Factorías aparentemente anodinas, alejadas de miradas ajenas pero siempre cerca de autopistas… Que en realidad eran casi de quita y pon: estaban listas para ser desmanteladas, y trasladadas a otros destinos, en caravanas de tráilers, «en sólo una semana».
Fabricaban 400.000 cajetillas del día de primeras marcas en fábricas «bunkerizadas» que se podían trasladar en apenas una semana. Defraudaban unos 200 millones de euros al año, empleando a ciudadanos del Este y a desempleados locales
Por fuera eran naves anónimas, situadas en no-lugares. Factorías aparentemente anodinas, alejadas de miradas ajenas pero siempre cerca de autopistas… Que en realidad eran casi de quita y pon: estaban listas para ser desmanteladas, y trasladadas a otros destinos, en caravanas de tráilers, «en sólo una semana».
Pero por dentro, cuentan en la UCO, se trataba de «fábricas dentro de fábricas dentro de fábricas», aisladas de sí mismas, «bunkerizadas a nivel de sonido, olor y humedad», y que funcionaban como relojes, alguna de ellas «a tres turnos de ocho horas, a destajo». Con trabajadores viviendo allí mismo, «casi en condiciones de semiesclavitud».
Producían ocho millones de cigarrillos al día, unas 400.000 cajetillas cada 24 horas, y conseguían 2,5 millones diarios de beneficio, de los cuales dos millones, que en realidad debían ser tributados a Hacienda, eran puro fraude.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha desmantelado, en colaboración con las comandancias de Alicante y Cuenca, un impresionante emporio de producción y distribución de seis fábricas de producción de tabaco ilegal situadas en Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo, incautándose de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura de tabaco, y deteniendo a 50 personas (y uno más al ser descubierto intentando robar uno de los autobuses precintados) en 23 localizaciones de toda España, en dos operaciones en que participaron, explican a EL MUNDO fuentes del Instituto Armado, hasta 300 personas.
El Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de UCO estima que lograban unos 200 millones de beneficio al año, «pero el tabaco ilegal no tiene el reproche social que le corresponde, quizás porque lo connotamos con el antiguo contrabando«, dice a EL MUNDO uno de los mandos de la operación: «En otros países sí es así, se pone el tráfico de tabaco al nivel del de droga».
El daño a la Hacienda pública, explica, es enorme: «Vendían las cajetillas a cinco euros, lo que quiere decir que debían tributar cuatro de esos cinco, porque en el tabaco de tributa el 80%», cuentan. Recibían la picadura de tabaco de India, China o Emiratos, la inversión inicial de cada fábrica era «de alrededor de un millón de euros» y «estaban listas para funcionar al menos dos o tres meses en el mismo lugar, antes de cambiar a otro, para evitar ser descubiertos».
Los falsificadores, liderados al menos sobre el terreno por un ciudadano lituano (controlado por Europol desde 2015) y otro polaco que se movían por toda España coordinando las actividades con coches de alta gama, producían en masa cigarrillos de las marcas Marlboro, Camel y Winston, controlaban también la distribución minorista, e incluso «a veces tenían para los productos de distintas fábricas distintas líneas de venta, para asegurarse la salida al mercado en caso de que les pillaran«.
Utilizaban en ocasiones maquinaria original traída de fábricas del Este de Europa, y en otras réplicas chinas de esas máquinas, y empleaban, además de desempleados locales, a ciudadanos «polacos, moldavos, letones, ucranianos, rumanos y moldavos», algunos de los cuales se habían empleado en ese sector en su país de origen. «A algunos les pagaban 2.000 euros al mes, pero les explotaban con condiciones leoninas de trabajo, en largos periodos de meses, en condiciones de gran insalubridad«.
Nada se dejaba al azar. Para que el consumo de energía no alertara a las autoridades, las fábricas tenían sus propios generadores. La red tenía también especialistas, trabajadores cualificados en su tierra, a quienes se recurría en caso de avería. Se establecían preferentemente en zonas «con alto desempleo» para facilitar la distribución y parte de la mano de obra.
Se trata de una investigación larguísima, iniciada hacia 2020. «Se empieza a advertir que el tabaco ilegal comienza a producirse en Europa hacia 2015», cuentan en el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de UCO, «pasa de venir en contenedores a hacerse en Europa, sobre todo en Polonia, en Bélgica, que tiene el puerto de Amberes para distribuir desde ahí, y en tercer lugar en España, donde es fácil establecer fábricas por la baja densidad de población y las comunicaciones son buenas».
La operación, que son en realidad dos, denominadas Vernissa y Maidan-Cigalike y dirigidas judicialmente por dos juzgados de Elche y Tarancón (Cuenca), ha sido un trabajo absolutamente coral, con participación esencial de Europol y la OLAF (la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), y el apoyo de las policías de una decena de países europeos.
Un dato de contexto es interesante y explica cómo el negocio podía ganar terreno en el mercado peninsular. En España ya sólo queda una fábrica de tabaco ‘legal’, en Canarias, propiedad de Japan Tobacco International.
Y una curiosidad: ¿se notaba la diferencia con los ‘winston’, ‘camel’ y ‘marlboro’ originales? «Pues yo no fumo», dice el mando de UCO consultado, «pero me dicen que sí, que eran malísimos».
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