«En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada». Era octubre de 2023 cuando Pedro Sánchez defendió por primera vez la gran estrategia que afianzaría su sillón en La Moncloa, a cambio de los siete votos de Junts, y había de allanar el camino de vuelta a España del prófugo Carles Puigdemont. Pero su consecución, en el quicio del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el ex conseller Jordi Turull, llega tarde para el presidente del Gobierno, ya asomado a los próximos comicios generales, sin Presupuestos ni apoyos para sacarlos adelante, y con la legislatura en sus últimos estertores.
Junts descarta volver a tender puentes con el PSOE tras superar la amnistía todo el viacrucis político y judicial
«En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década pasada». Era octubre de 2023 cuando Pedro Sánchez defendió por primera vez la gran estrategia que afianzaría su sillón en La Moncloa, a cambio de los siete votos de Junts, y había de allanar el camino de vuelta a España del prófugo Carles Puigdemont. Pero su consecución, en el quicio del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el ex conseller Jordi Turull, llega tarde para el presidente del Gobierno, ya asomado a los próximos comicios generales, sin Presupuestos ni apoyos para sacarlos adelante, y con la legislatura en sus últimos estertores.
Al margen de los últimos escalones judiciales, el perdón a los líderes del procés ha ido sorteando no pocos escollos políticos. Empezando por el giro en 180 grados de Pedro Sánchez, que se mantuvo en el no durante la campaña del 23-J -«No entra en la legislación ni en la Constitución española», llegó a afirmar- para después sostener que «hay que hacer de la necesidad virtud».
Aquella afirmación, pronunciada en el Comité Federal del PSOE el 28 de octubre de 2023, reconfiguró la postura de los socialistas. La dirección del partido incluso buscó en sus bases un aval -preguntó si estaban a favor de «lograr el apoyo de otras formaciones», pero no a qué precio- y, refrendo en mano, concedió a Junts la imagen que condensa el perdón: el entonces secretario de Organización del PSOE -hoy imputado- Santos Cerdán, reunido en Waterloo (Bélgica) con Puigdemont el 30 de octubre de 2023.
El Grupo Parlamentario Socialista registró el 13 de noviembre de 2023 la «Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña», y tres días después Sánchez era investido presidente con el sí de Junts.
El descontento social ya era palmario desde el 3 de noviembre, cuando miles de personas se manifestaban de forma sucesiva en contra de la medida a las puertas de Ferraz, y también por toda España.
Durante los siete meses siguientes, la norma estuvo atascada en las Cortes Generales: primero, el PSOE tuvo que sentarse con Junts a perfilar la amnistía de tal forma que ninguno de los encausados quedara fuera del perdón; la Cámara Baja dio luz verde el 14 de marzo de 2024 con el apoyo de los neoconvergentes, pero el sí definitivo no llegaría hasta el 30 de mayo de 2024, en vísperas de las elecciones europeas. Frente al PP, que buscó rentabilizar en dichos comicios la oposición a la medida de gracia, Sánchez presumía de encabezar esta maniobra, a días vista de que su esposa, Begoña Gómez, fuera llamada a declarar como imputada.
El 11 de junio de 2024 se publicó la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los líderes del procés se apresuraron a solicitar que se les aplicara la medida, desde Miquel Buch (Junts), que fue el primero en beneficiarse del perdón, a Oriol Junqueras (ERC) y la entonces secretaria general de su partido, Marta Rovira, entre otros ex consellers del Gobierno catalán. Pero el 1 de julio de 2024, el Tribunal Supremo puso un nuevo freno a las aspiraciones de los secesionistas al declarar no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye a Puigdemont, por lo que mantuvo la orden de detención contra él. El ex president, entre otros, agotó todas las vías judiciales antes de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, donde ha recalado el debate a fin de dirimirlo.
Además de pronunciarse sobre los recursos que han presentado los encausados, el TC es la instancia a la que se han dirigido quienes se oponen a la medida de gracia. Tanto el Tribunal Supremo como Castilla-La Mancha y las comunidades presididas por el PP -además del propio Partido Popular como formación política- presentaron sendos recursos contra la norma. No obstante, el TC dio su aval general a la norma el 26 de junio de 2025 -sin entrar a valorar la malversación- y la consideró compatible con la Carta Magna.
En paralelo, la Ley de Amnistía ha tenido que enfrentar las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 16 de julio de este año concluyó que la norma no era contraria a la normativa comunitaria.
Tras pronunciarse la Justicia europea, Puigdemont y Toni Comín volvieron a solicitar al juez instructor del procés, Pablo Llarena, que les aplicara la amnistía. El magistrado del Tribunal Supremo desestimó el pasado 15 de septiembre la petición apuntando al «propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial» de Puigdemont y mantuvo la orden de detención dictada contra el prófugo. Ahora, el líder de Junts depende pues del TC.
La corte de garantías es, además, la evidencia de que la amnistía, como estrategia, se ha apuntalado gracias a la capilarización del Gobierno en las instituciones. Tras el Pleno de ayer, su mayoría progresista liderada por el presidente Cándido Conde-Pumpido -con cuyo nombramiento en enero de 2023 se «aplicó el rodillo»- se mostró a favor de amparar al ex conseller Jordi Turull para que el Supremo le aplique la medida de gracia de forma total, lo que sentará doctrina para el resto de recursos, entre ellos el del líder de Junts.
Al celebrar el apoyo del Constitucional, Turull descartó que este paso fuera a facilitar la reconciliación de Junts con el PSOE, dado que el acuerdo de investidura se rompió porque Sánchez «ha incumplido muchas más cosas», como la oficialidad del catalán en Europa, que hoy ha recibido un nuevo revés, o la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que continúa bloqueada en el Congreso por la negativa de Podemos a respaldarla.
La norma más cuestionada del Gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más cerca de cumplir su misión: salvar a Carles Puigdemont a cambio de apoyo al Ejecutivo. Pero las declaraciones del secretario general de Junts disipan toda posibilidad.
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