El deterioro institucional sobre todas las cosas: las palabras como armas de destrucción

La comisión de Libertades del Parlamento Europeo; el Grupo de Estados contra la Corrupción; el Banco de España; el Banco Mundial y un buen número de organismos económicos y jurídicos alertan desde hace varios años del creciente deterioro de la calidad institucional en España y su impacto directo en la confianza democrática de la ciudadanía.

El choque del Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial ha derivado en una degeneración institucional agravada por los casos de corrupción y el uso de las palabras como arma y trinchera

La degeneración de la arquitectura institucional es ya un problema de primer orden en esta recta final de legislatura, un problema que ha estallado en toda su plenitud con el choque abierto entre el poder Ejecutivo y los otros dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial. Una guerra sin cuartel que se inició tras las elecciones de 2023 y que se ha ido intensificando hasta llegar a un momento crítico envenenada por la corrupción.

El Gobierno emprende así los últimos meses de mandato atrincherado frente a un Parlamento en el que ya no cuenta con un apoyo mayoritario, arrastrando tres ejercicios sin Presupuestos, adoptando decisiones mediante la figura del decreto ley para sortear el debate, cercado por las investigaciones judiciales, presionado por socios minoritarios decididos a exprimir su debilidad y moviendo peones afines en todos los frentes para tratar de blindarse prolongando hasta el límite una legislatura que solo ahonda ya en la extrema polarización y división del país.

Los primeros pasos de esta etapa de confrontación se dieron hace tres años cuando tras las elecciones del 23-J, Pedro Sánchez enterró sus principios constitucionales por los siete votos que le faltaban para seguir en el poder pese a haber perdido en las urnas. Lo logró a cambio de conceder a los condenados del procés una amnistía de la que, apenas unos días antes, abominaba.

La amnistía fracturó no sólo a la clase política, también a la Justicia y lo que es peor, a la sociedad. Para apuntalar ese pacto con el independentismo que, incluso en las filas del socialismo clásico, se tachó de antinatura, Sánchez colocó una primera ficha en el tablero para embridar un Parlamento que, por su fragmentación, ya preveía territorio pantanoso.

Con la mayoría constituida con Sumar, situó en la presidencia del Congreso a Francina Armengol. Fue un primer gesto hacia nacionalistas e independentistas que vieron en ella a una defensora de la tesis del Estado como un ente plurinacional y un rodamiento engrasado para imponer en el Legislativo las necesidades del Ejecutivo y sus propias presiones.

Armengol satisfizo de saque estas aspiraciones promoviendo, antes incluso de que el Pleno lo aprobara, el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara. Fue su decisión inaugural. Su labor al frente del Congreso ha provocado el choque con la oposición por retorcer y obviar el Reglamento ejerciendo como correa de transmisión del interés gubernamental.

Jugar con los tiempos para aplazar comparecencias incómodas; vetar enmiendas e iniciativas arriesgadas para el Gobierno; paralizar las proposiciones de ley procedentes del Senado para evitar su previsible aprobación; aprovechar los discursos institucionales para abonar la propaganda de la Moncloa e incluso impedir debates y votaciones que evidenciarían la debilidad de un presidente que no cuenta ya con el apoyo mayoritario del Parlamento… son algunos ejemplos de su mandato. Nunca como en estos tres años el Congreso se ha visto involucrado en tantos conflictos de atribución de competencias con la otra Cámara que representa la soberanía nacional dominada, porque así lo decidieron las urnas, por la oposición, y que Sánchez ha decidido no pisar por considerarla terreno hostil.

En estas condiciones, el Parlamento encara el final de mandato sin haber debatido ni aprobado unos Presupuestos, sin haber celebrado un solo debate sobre el estado de la Nación y sometido a la tiranía del real decreto ley, que cercena el derecho a la discusión y enmienda de los grupos parlamentarios. El deterioro del Parlamento, convertido en cuadrilátero de lucha libre ha sido progresivo pero dio un salto cualitativo en septiembre de 2024 cuando Sánchez afirmó ante el Comité Federal del PSOE su decisión de gobernar «con o sin el concurso del Poder Legislativo».

Jordi Rodríguez Virgili, doctor y profesor de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, sostiene que el deterioro es claro, con una «deriva del sistema parlamentario hacia el presidencialismo y una utilización partidaria de las instituciones del Estado». Esto, afirma, «lleva a difuminar la distinción entre Gobierno y Estado». En su opinión, es difícil establecer el momento en el que todo empezó. «Suele ser», explica, «un proceso de degradación, pero se hace evidente cuando el presidente dice que está dispuesto a avanzar con o sin el apoyo del Parlamento, algo que no puede ser en un sistema parlamentario».

Cuando Sánchez pronunció esta frase, sin haber llegado al ecuador de la legislatura, el Gobierno ya había situado peones en otras instituciones, algunos de ellos desde la legislatura anterior y otros, en la actual. Ahí figuran José Féliz Tezanos, ex miembro de la Ejecutiva del PSOE, al frente del CIS; Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda, en cabeza de Red Eléctrica; Pedro Saura, ex secretario de Estado, al mando de Correos; Mariano Moreno, presidente de Enusa; José Luis Escrivá, ex ministro de Seguridad Social, como gobernador del Banco de España; Belén Gualda, ex alto cargo de la Junta de Andalucía con el PSOE y ahora presidenta de la SEPI; Maurici Lucena, ex portavoz socialista en el Parlament, presidente de Aena o Mercedes González, ex secretaria general de los socialistas madrileños y ahora directora general de la Guardia Civil imputada.

Rodríguez Virgili apunta: «La crisis de institucionalidad se ve en la falta de neutralidad, en la subordinación de organismos públicos e incluso empresas a los intereses del Gobierno. Se puede decir que siempre ha sido así, pero ahora incluso se pone a personas sin siquiera la necesaria capacitación». Para él, la institución más afectada es el Parlamento, pero también cita otras como el CIS, «que ha perdido toda la credibilidad» o RTVE, «con un claro sesgo gubernamental», e incluso las ruedas de prensa del Consejo de Ministros «utilizadas para atacar al adversario o a presidentes autonómicos olvidando que se es Gobierno de todos los españoles».

El Poder Judicial tampoco ha salido indemne. Ahí está el nombramiento en enero de 2023 de Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado con Zapatero, al frente del Tribunal Constitucional con el voto de todos los autodenominados progresistas, y también el de Álvaro García Ortiz, en agosto de 2022, como Fiscal General del Estado, condenado por revelación de secretos y sustituido por Teresa Peramato. Conde-Pumpido y García Ortiz han sido los dos puntales del sanchismo en la Justicia.

El Tribunal Constitucional se ha constituido en una suerte de instancia de casación frente a las sentencias del Supremo, enmendando la plana, por ejemplo, en el caso de los ERE y avalando la amnistía en contra de las condenas del más alto tribunal. En su discurso de toma de posesión al frente del TC, Conde-Pumpido recalcó que «la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación»; después, apoyó el borrado de los delitos cometidos en el marco del procés.

Por su parte, la fiscalía general dilapidó con García Ortiz su marchamo de independencia hasta convertirse en el brazo ejecutor, y defensor, de los socialistas encausados y de los familiares del presidente del Gobierno.

Este tablero de piezas bien situadas se ha visto, además, contaminado por los escándalos de corrupción, ante los que jueces y tribunales han emprendido, pese a los ataques indisimulados del poder, profundas investigaciones. La lista de imputados relacionados con el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez se cuenta por decenas. La corrupción es ya el reactivo clave que mina la arquitectura institucional, envenena la confianza de los ciudadanos en la democracia e inocula toxicidad en cualquier debate hasta convertirlo en una guerra encarnizada.

La catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense, María José Canel, hace un planteamiento original. Sostiene que es el lenguaje la institución más deteriorada y «de ahí todo lo demás». La profesora señala, como León XIV, que las palabras «se han convertido en un arma». «En el Parlamento», añade, «ya no hay un espacio común. Se ha perdido la precisión semántica y todo es urgente, histórico, gravísimo, conspiración, bulo. Todo se nombra conforme a los extremos. La postverdad no es sólo mentir sino impedir analizar bien los datos o construir escenarios ficticios fuera de la realidad».

Además, dice, «ha desaparecido la escucha». «No interesa lo que dice la otra parte. En el Parlamento no se delibera, se escenifica un combate; en la Justicia se hace un análisis partidista no de lo que se juzga; en el Ejecutivo se pasa de la comunicación pública a la propaganda y todo se convierte en relato y en los partidos se pasa a la identidad enfrentada al otro». A ello añade la erosión de la Administración que «deja de estar al servicio del ciudadano para estarlo en favor de l Gobierno». Todo esto, en su opinión, «sólo se puede revertir si se es consciente de que hay que desarmar las palabras y establecer pautas de diálogo y escucha».

Canel insiste en la importancia de las palabras, en cómo se las puede utilizar para travestir la verdad y cita como ejemplo la frase de Sánchez cuando aseguró: «Yo no miento, cambio de opinión». O cuando afirma: «La pregunta no es si voy a seguir, sino cómo no voy a seguir»

Y concluye: «Cuando se deteriora el lenguaje, el Congreso se convierte en un plató; la Justicia, en una facción;el Gobierno, en una campaña; los partidos, en trincheras y los ciudadanos, en espectadores cada vez más enfadados».

El brazo armado en el Congreso

Francina Armengol fue la primera pieza que movió Pedro Sánchez tras armar una mayoría dispuesta a apoyar su investidura. Situada al frente del Congreso, la tercera autoridad del Estado ha desempeñado su labor siempre atenta a las necesidades del presidente poniendo así al Legislativo, en múltiples ocasiones, al servicio de La Moncloa. Bajo su mandato han proliferado los choques con los grupos de oposición y sobre todo con el Senado, la cámara dominada por el PP, que Sánchez desprecia y cuyas iniciativas, Armengol hace todo lo posible por frenar.