El coste oculto de pagar impuestos

Hace 250 años, Adam Smith advirtió en La riqueza de las naciones de que un impuesto puede costar al contribuyente más de lo que ingresa el Estado. La pregunta sigue vigente: ¿sabemos realmente cuánto le cuesta a una empresa pagar sus impuestos? Entender las normas, cumplirlas y resolver controversias tiene su propia factura. ¿Es mayor en España que en otros países europeos? Esa factura rara vez aparece en el debate fiscal, aunque también condiciona la capacidad de las empresas para competir.

El informe Complejidad tributaria y competitividad en España, de la Societat Barcelonesa d’Estudis Econòmics i Socials, ofrece una respuesta. Según el Tax Complexity Index de 2024, España ocupa el puesto 24 de los 27 países de la Unión Europea: es el cuarto país más complejo en materia de impuestos sobre sociedades. Una complejidad que se mantiene elevada desde 2016 y se ha agravado en la última edición. Su nivel de complejidad estructural supera en un 14 % la media de la Unión Europea.

Los indicadores del Banco Mundial reflejan cómo ese exceso de complejidad estructural se manifiesta en el funcionamiento cotidiano del sistema tributario. La comparación se realiza con una cesta amplia de países europeos. Cumplir las obligaciones tributarias exige en España una media de 150 horas anuales, frente a las 114 de esa referencia europea. Igualmente se prolongan los procedimientos: una comprobación representativa dura 12 semanas frente a cinco; la revisión inicial de una controversia, un año frente a 108 días.

Las controversias prolongadas exigen, además, atención directiva y recursos financieros. Quien sigue pendiente de un expediente dispone de menos tiempo para buscar clientes, mejorar procesos o preparar nuevos proyectos, y de menos recursos para financiarlos y asumir riesgos.

Según las estimaciones del informe, eliminar el exceso de complejidad respecto a la referencia media europea podría ahorrar a las empresas 11.450 millones de euros anuales en costes de cumplimiento y defensa tributaria. Como referencia de escala, equivale al 27% de la recaudación neta del impuesto sobre sociedades de 2025. Es una valoración prudente. Si España se situara al nivel de los siete países europeos menos complejos, el ahorro podría alcanzar los 18.970 millones. La magnitud de estos importes justifica tratar la complejidad tributaria como una cuestión de política económica.

El coste de cumplir con las obligaciones tributarias no es el único coste de la complejidad. Esta también encarece la inversión: para comprometer recursos, una empresa necesita prever el tratamiento fiscal de sus proyectos. Si no puede anticiparlo, la incertidumbre aumenta la rentabilidad que exige a una inversión y puede llevarla a aplazarla o descartarla. La certeza es especialmente relevante en ámbitos en los que España está muy por detrás de las referencias europeas: la brecha de inversión empresarial ronda los 10.000 millones en I+D y supera los 40.000 millones en intangibles.

Los autores del informe estiman que mejorar la seguridad jurídica y reducir la complejidad podría aumentar la inversión empresarial en España en unos 10.400 millones de euros anuales, una cifra equivalente a más del 0,6% del PIB.

En España, la complejidad tributaria y la conflictividad que genera suponen un alto coste para las empresas. Ante este diagnóstico, la pregunta es: ¿cómo podemos reducir la complejidad tributaria y aumentar la seguridad jurídica? Nuestra propuesta es un Pacto por la Certeza Tributaria y la Simplificación del Sistema Fiscal, con cuatro pilares.

Primero, revisar las normas de mayor complejidad, entre ellas la tributación de los grupos de sociedades, las reorganizaciones empresariales y determinados aspectos del IVA.

Segundo, que el Gobierno publique las líneas de su futura política tributaria, con un horizonte plurianual que permita anticipar los cambios y dé estabilidad al marco fiscal.

Tercero, revisar el estatuto de derechos y garantías del contribuyente. Ello exige agilizar las consultas vinculantes, acortar los plazos de respuesta para proyectos estratégicos y establecer el silencio positivo en determinados supuestos. También preservar el carácter vinculante de los informes motivados sobre inversiones en I+D y reforzar el derecho de defensa y la reparación de los perjuicios acreditados cuando las pretensiones del contribuyente sean estimadas total o parcialmente.

Cuarto, publicar más información sobre el funcionamiento del sistema: plazos, expedientes y resultados que permitan evaluarlo y exigir mejoras. Sin esa información, resulta difícil identificar dónde se atascan los procedimientos y comprobar si las reformas funcionan.

Dos siglos y medio después de Adam Smith, la calidad de un sistema fiscal también se mide por lo que cuesta cumplirlo. Un pacto de certeza y simplificación puede convertir la seguridad jurídica en una herramienta para mejorar la competitividad de las empresas españolas y el atractivo de nuestra economía.