«O se está con los buitres o con la gente». Así presentó la votación de los decretos-leyes del pasado viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Y en la víspera, el propio Pedro Sánchez aseguraba: «Me gusta ser traidor a los fondos buitre».
El fondo de EEUU acaba de cerrar con Sareb el para gestionar miles de pisos, incluidos sociales, con destino a la empresa estatal de vivienda
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«O se está con los buitres o con la gente». Así presentó la votación de los decretos-leyes del pasado viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Y en la víspera, el propio Pedro Sánchez aseguraba: «Me gusta ser traidor a los fondos buitre».
Una vez más, la retórica política que utiliza el Gobierno para intentar movilizar a las masas no encaja con sus hechos. Blackstone, el fondo de inversión inmobiliaria más señalado por miembros del Gobierno y sus socios como buitre en los últimos años, acaba de amarrar un gran contrato público de gestión de viviendas -incluidas sociales- por valor de 52,45 millones de euros con el actual Ejecutivo, según ha confirmado EL MUNDO.
El propio Sánchez encasilló a Blackstone de «fondo buitre» cuando llegó al poder por las adquisiciones que había hecho de viviendas sociales. Este gigantesco fondo estadounidense ha llegado a gestionar estos años más de 30.000 pisos a través de filiales y se ha convertido en gigantesco casero en España tras hacerse en la pasada década con viviendas de las antiguas cajas o de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, en el portal de contratación del Estado no es tan apestado como en los discursos políticos. La llamada Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), controlada por el Gobierno, comunicó el pasado mes a sus empleados la firma definitiva de un contrato con Aliseda, gestora de viviendas en España de Blackstone. La Sareb, más conocida como banco malo por haberse hecho con activos inmobiliarios de las cajas de ahorros, recurre así, de nuevo, a esta filial de Blackstone como servicer durante un período que arrancó el pasado mes hasta diciembre de 2028, prorrogable hasta 2030. No existe comunicado oficial, pero es un contrato ya cerrado y firmado el pasado agosto, en una época en la que la ministra de Vivienda decía que estaba ya ultimando un decreto contra los fondos buitre presentado finalmente al Parlamento, sin éxito, el pasado viernes.
¿Qué hará Aliseda para el Estado? Un trabajo reforzado sobre el que venía realizando desde 2022 y que ha logrado adjudicarse ahora otra vez y por más tiempo. Según el contrato suscrito por su consejero delegado, Eduard Mendiluce, es la gestión «integral» de los activos inmobiliarios de Sareb bien para su venta o para su puesta a punto y traspaso a la empresa estatal Casa 47, adscrita al Ministerio de Rodríguez.
Aliseda se ocupará de comercializar y vender viviendas, locales o suelos, gestionar los alquileres, incluidos informes sobre impagos e inquilinos vulnerables. También la «gestión de ocupaciones y posesiones». Trabajará junto al otro probable adjudicatario, Servihabitat -propiedad ahora del fondo Hipoges- para que lleguen a buen término «las más de 40.000 viviendas reservadas por Sareb para su traspaso a Casa 47 con el objetivo de realizar todas las labores necesarias para su habitabilidad». Todo ello, «siguiendo instrucciones de Sareb», no actuando a su libre albedrío, según puntualiza el pliego de licitación, pero, para ser un presunto maligno fondo buitre. la misión que le encomienda el Estado es sensible al resultar clave para ampliar el necesario parque público de vivienda.
La última noticia oficial del concurso fue que habían recibido la mejor puntuación Aliseda y Servihabitat, pero quedaba pendiente de decisión del Consejo de Administración. Éste, controlado por el Ministerio de Carlos Cuerpo, ha autorizado ya el de Blackstone -lógico si Sareb valora sus servicios- pero está a la espera de una impugnación en el que afecta a Servihabitat que puede resolverse en octubre en favor de su nuevo dueño, Hipoges, controlado a su vez por el fondo británico Pollen Street Capital. Urbagestión, la disparatada pyme que tan pésima gestión hizo con la desahuciada Maricarmen, es un pigmeo en comparación. No obstante, Blackstone, acusado por no pocos inquilinos de prácticas abusivas en los últimos años, ha negado irregularidades, pero ha ido reduciendo la propiedad de viviendas. Sigue siendo, no obstante, relevante inversor en España. Ha comprado el 50% de Urbaser por unos 2.800 millones y construye un centro de datos en Zaragoza por más de 13.000 millones. También sacará a Bolsa su filial hotelera HIP.
Blackstone resalta, por cierto, en su último informe anual que el negocio residencial seguirá fuerte en España, porque ya no se construyen 714.005 viviendas al año como en el período 2003-2007, sino 118.692. «Este factor, unido a la considerable necesidad de vivienda para los próximos años -se proyecta un aumento de la población de 5 millones de habitantes en 15 años- sitúa al mercado residencial como un sector de gran fortaleza, donde los precios pueden resistir momentos de incertidumbre con solvencia». Es decir, lo que más protege el negocio de la vivienda es que el Gobierno haya sido incapaz de fomentar una construcción masiva de pisos en ocho años en el poder. Otra paradoja.
La efeméride/»¿Qué fue de Arcadi España?»
El ministro de Hacienda, Arcadi España, volvió a sorprender en su tierra, Valencia, al inaugurar el congreso europeo de cámaras de comercio con un discurso en el que llegó a evocar la Guerra Civil española y se fue a la carrera. «¿Qué fue de Arcadi España?», comentaron no pocos ejecutivos valencianos asistentes en alusión al que empezó a forjarse hace 13 años, como jefe de gabinete entonces de Ximo Puig, una reputación de socialista abierto, dialogante y moderado. Aquel economista mostró también después como ‘conseller’ un talante muy distinto al ‘bunkerizado’ actual en el muro de Ferraz. España aún mantiene contacto cordial en privado con el responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, pero en público saca el látigo y asume incluso un modelo de financiación que prima a Cataluña sobre su propia comunidad de origen.
El personaje/NOGUERAS SE IMPONE A TURULL
La portavoz de Junts en Madrid, Miriam Nogueras, gana enteros ante el poder empresarial catalán tras cumplir con Pimec y otras asociaciones y tumbar los decretos de Vivienda. Nogueras, con respaldo de Carles Puigdemont y de notables de Junts como Antoni Castellà y Albert Batet, se ha impuesto al secretario general, Jordi Turull, más reacio a votar en contra. El portazo de Junts al PSOE coincide con la probable vuelta de Puigdemont tras el inminente apoyo del Tribunal Constitucional a la amnistía y genera expectación entre empresarios catalanes sobre si el partido ha iniciado un camino hacia lo que, en su opinión, debe hacer: aparcar el independentismo y centrarse en recuperar una fuerza catalanista de centro derecha como la antigua CiU. Apoyar los decretos habría sido un festín para Alliança Catalana.
Para seguir/
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, sigue intentando medidas mientras siga en el cargo y ahora «redefine Telefónica España» en torno a tres grandes unidades de negocio independientes con el loable fin de «simplificar el modelo de gestión y capturar sinergias». A juzgar por el efecto en la cotización, los mercados lo han tomado como un ‘cambio lampedusiano’ de los que se hacen, como escribió el escritor italiano, sin que nada cambie realmente. Cerró a 3,30 euros tras rozar una caída semanal del 5%. Una señal ‘lampedusiana’ es que se suprime el consejo de Movistar Plus, pero renace en la nueva unidad B2C. En él seguirá, por ejemplo, el ex líder del PNV, Andoni Ortuzar, fichado en gratitud de Moncloa con el vasco. Sólo sale Javier de Paz, que se quita del foco en la muy sensible área televisiva de la operadora, pero se mantiene adjunto a Murtra.
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