El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado marcha atrás en una de las medidas más polémicas contempladas para gestionar la reciente crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno de España excluirá los polideportivos municipales del listado de instalaciones destinadas a albergar de forma temporal a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado marcha atrás en una de las medidas más polémicas contempladas para gestionar la reciente crisis migratoria de
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado marcha atrás en una de las medidas más polémicas contempladas para gestionar la reciente crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno de España excluirá los polideportivos municipales del listado de instalaciones destinadas a albergar de forma temporal a los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.
Esta importante modificación ha sido anunciada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha asumido el mando único para coordinar la respuesta ante esta emergencia humanitaria y de seguridad. La decisión llega inmediatamente después de la primera reunión del recién constituido Comité de Situación, un órgano en el que participan diez ministros, el delegado del Gobierno y el propio presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
La marcha atrás del Ejecutivo central responde de manera directa al rechazo frontal del Gobierno de Ceuta a que se empleasen los recintos deportivos locales, de uso diario para los ciudadanos. El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, mostró una postura inflexible tras la publicación inicial del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cual declaraba la situación de interés para la seguridad nacional. Durante su intervención pública, Vivas dejó clara su oposición de manera contundente: «Vamos a pedir que se elimine del decreto la utilización de los polideportivos». El líder ceutí elevó el tono de su protesta al advertir sobre las consecuencias de forzar la medida: «Si intentan usarlos, van a tener que sacarme a mí de ellos».
Para ofrecer una alternativa viable y evitar la parálisis de las actividades deportivas locales, el Ejecutivo ceutí remitió a la administración central una propuesta inicial para habilitar cerca de 11.300 plazas distribuidas en otros espacios no deportivos, destinadas a la acogida de personas adultas y menores de edad. Tras asumir las demandas de la ciudad autónoma, el ministro Ángel Víctor Torres confirmó que el decreto estatal será reformado a la mayor brevedad. Torres aseguró ante los medios de comunicación que «los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios».
La prioridad gubernamental sigue siendo el retorno de todas las personas que entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio, una oleada que el ministro cifró en más de 70.000 personas, de las cuales entre el 90 y el 95 % ya han regresado a su país de origen. Para completar las devoluciones del resto de migrantes que permanecen en Ceuta, el Ejecutivo argumenta que es imprescindible realizar las labores de filiación y mantenerlos acotados en áreas específicas.
A este respecto, Torres justificó la necesidad de agilizar la localización de estos nuevos recintos explicando: «Nosotros estamos ahora con la búsqueda de esos espacios, desde el consenso, desde el diálogo con el gobierno de Ceuta, al máximo posible, porque queremos tenerlos cuanto antes, porque sobre todo, que es lo que también quiero trasladarle a la comunidad, cuanto antes tengamos a las personas en los espacios, antes podrán también ser devueltos». Otro de los puntos críticos de esta crisis se centra en los aproximadamente 4.000 menores de edad que continúan en territorio ceutí. Vivas ha reclamado de forma expresa que el Estado asuma la acogida de este colectivo.
Por su parte, Torres ha señalado que el principal objetivo para los menores que carezcan de derecho a protección internacional es el reagrupamiento familiar, y estimó que la reubicación de los menores se suele resolver en un plazo de entre un mes y mes y medio. Ante el clima de crispación social y las protestas registradas en los últimos días, el ministro ha hecho un llamamiento directo a la convivencia pacífica y a evitar altercados, advirtiendo de que la violencia nunca es el camino. La actividad de coordinación no cesará, y este próximo viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá una segunda reunión extraordinaria del Comité de Situación desde el Palacio de la Moncloa para seguir evaluando el restablecimiento de la normalidad en la ciudad autónoma.
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