Más de 1,7 millones de personas reciben actualmente una prestación por dependencia en España. Se trata de una cifra récord que refleja el peso creciente de estas políticas sociales.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una ampliación histórica de la financiación estatal
Más de 1,7 millones de personas reciben actualmente una prestación por dependencia en España. Se trata de una cifra récord que refleja el peso creciente de estas políticas sociales.
En este contexto, el Congreso de los Diputados aprobó el 14 de julio de 2026 el proyecto de reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, junto con una ampliación histórica de la financiación estatal. El objetivo es aumentar los apoyos, reducir la burocracia y favorecer que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares y en su entorno.
El refuerzo económico es uno de los pilares de la reforma. El Estado ha comprometido 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, con el objetivo de que en 2027 llegue a asumir el 50% de la financiación del sistema de dependencia. Las comunidades autónomas dispondrán así de más recursos para reducir las listas de espera, contratar profesionales y ampliar los servicios de atención domiciliaria.
La reforma apuesta por un modelo menos centrado en las residencias y más orientado a los cuidados en el domicilio y en la comunidad. También se prevé reducir los trámites administrativos y avanzar hacia una ventanilla única para facilitar la gestión de dependencia y discapacidad.
Una de las principales novedades económicas ya está en vigor desde el 1 de julio de 2026. El Estado ha incrementado las cantidades que transfiere a las comunidades autónomas por cada persona reconocida con un grado de dependencia. Las nuevas cuantías son:
- Grado I: de 76 a 90 euros al mes.
- Grado II: de 130 a 260 euros al mes.
- Grado III: de 290 a 660 euros al mes.
- Grado III+: hasta 4.930 euros al mes.
Estas cantidades corresponden a la aportación estatal al sistema y no son necesariamente las que cobrará cada beneficiario. La prestación final depende, entre otros factores, del tipo de ayuda, el grado reconocido, la situación económica y la comunidad autónoma.
Otro de los cambios relevantes es la flexibilización de las prestaciones. La reforma busca eliminar incompatibilidades para que los beneficiarios puedan combinar distintos servicios y apoyos cuando resulte adecuado.
Asimismo, se refuerzan la teleasistencia como derecho, la asistencia personal y los cuidados en el entorno comunitario. El nuevo modelo pretende adaptar los apoyos a las preferencias de cada persona y facilitar una vida más independiente.
Casi el 70% de las personas dependientes en España son atendidas únicamente por un familiar, principalmente mujeres. La reforma incorpora nuevas medidas para reconocer y respaldar su papel.
En este sentido, el nuevo modelo pretende reforzar los servicios de apoyo y respiro familiar, así como la formación y el acompañamiento de quienes cuidan de una persona dependiente en el domicilio. También se busca facilitar la compatibilidad entre las prestaciones económicas y los servicios de atención, de forma que cada familia pueda contar con una respuesta más adaptada a sus necesidades.
Hay que señalar que los cambios afectarán a todas las personas con dependencia reconocida, no solo a nuevas solicitudes. Se prevé una aplicación escalonada para dar margen a las comunidades autónomas a adaptar los procedimientos.
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