Hay preguntas que un país solo se hace cuando ya no le queda otra salida. Andy Burnham —el hombre que en Reino Unido encarnaba la ortodoxia del gasto y la protección social— es ahora primer ministro, y acaba de empezar a desmontar parte del edificio que lo llevó hasta Downing Street. Propone menos prestación automática, más condición, más formación para que los jóvenes trabajen en vez de cobrar. Lo dice quien menos se esperaba que lo dijera, delante de un partido que le subió al poder precisamente por defender lo contrario. Y ahí está la pregunta muchos países llevan años esquivando, España entre los que más: ¿y si nos hemos equivocado?
Hay preguntas que un país solo se hace cuando ya no le queda otra salida. Andy Burnham —el hombre que en Reino Unido encarnaba la ortodoxia del gasto y la protección social— es
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Hay preguntas que un país solo se hace cuando ya no le queda otra salida. Andy Burnham —el hombre que en Reino Unido encarnaba la ortodoxia del gasto y la protección social— es ahora primer ministro, y acaba de empezar a desmontar parte del edificio que lo llevó hasta Downing Street. Propone menos prestación automática, más condición, más formación para que los jóvenes trabajen en vez de cobrar. Lo dice quien menos se esperaba que lo dijera, delante de un partido que le subió al poder precisamente por defender lo contrario. Y ahí está la pregunta muchos países llevan años esquivando, España entre los que más: ¿y si nos hemos equivocado?
Desde la crisis de 2008, y con más fuerza desde la pandemia, casi toda la política económica occidental ha corrido por el mismo carril: sostener la demanda. Extender prestaciones, aplazar impuestos, encadenar estímulos que se prometían temporales y se quedaron. Se ha discutido sin parar cuánto gastar y casi nunca qué es capaz de producir un país. Nos olvidamos de la oferta. Hemos estado centrados en cuánto dinero se mueve, pero no cuánta vivienda construye, cuántas empresas crecen de tamaño en vez de morir pequeñas, cuánta gente se forma para el trabajo que existe y no para el que ya desapareció. Lo aburrido, lo que exige reformar en vez de repartir, se quedó fuera de la conversación durante casi dos décadas.
Hay un argumento teórico detrás de esa corrección, y lo lleva defendiendo desde hace años como nadie el economista John Cochrane. El crecimiento que dura décadas no lo produce el gasto público, lo produce lo que un país fabrica, construye y vende, y el multiplicador de cada euro público suele ser mucho más bajo de lo que prometió la ortodoxia que justificó el gasto masivo poscrisis. Estimular la demanda es maquillaje efímero. No repara en veinte años lo que de verdad frena la producción, y financiar ese maquillaje con deuda barata no lo hace gratis. Solo decide quién paga, más adelante, y con qué.
España ilustra el error mejor que nadie. Crece, y crece de verdad. Lo hace tirando de consumo y gasto corriente, mientras la inversión extranjera cae y la inversión privada sigue por debajo de la media de la eurozona. En 2026 se prorrogarán por tercera vez los presupuestos de 2023, la undécima prórroga desde la Transición, con un techo de gasto propuesto récord de 216.177 millones de euros. La ley más importante del Estado, la que reparte el dinero de todos, lleva tres años sin debatirse ni votarse en el Parlamento. Y cuando se negocia algo no suele ser por el bien común.
La insistencia en la demanda es la patada adelante convertida en política de Estado. Aplazar el ajuste, aplazar la reforma de las pensiones, aplazar la vivienda que no se construye, aplazar la productividad que no despega, y llamar éxito al hecho de que, de momento, nadie ha tropezado con nada. Bruselas lleva ejercicios recordando que España sigue sin cumplir su objetivo de medio plazo de déficit estructural. La demanda ha comprado tiempo. Nadie ha comprado todavía un país distinto, y los deberes fiscales que se han ido dejando sin hacer no desaparecen porque no se miren. Es culpa también de una UE que ha dejado de mirar a la responsabilidad y tiene el marco de reglas fiscales más débil en décadas.
Puede que Burnham se equivoque igual, o que su giro sea solo colorete antes de las próximas elecciones. Pero al menos se ha hecho la pregunta en voz alta, delante de los suyos, a costa de su propio capital político. España sigue creciendo con la respuesta que
dio en 2010. Dieciséis años después, nadie se ha molestado en comprobar si seguía siendo la correcta.
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