Las educadoras infantiles, en huelga en toda España: «Somos la base de la educación, pero malvivimos en la precariedad»

Raquel Navas es una de las educadoras de la escuela infantil Europa de Mijas (Málaga). Con un grado superior y nueve años de experiencia, gana 1.100 euros al mes trabajando 38 horas a la semana, prácticamente el salario mínimo. Su marido es «el que hace el mayor aporte económico a la casa». «Y yo soy la ayudita», lamenta. Su caso es similar al de las 60.000 educadoras infantiles que hay en España.

«Con nuestro sueldo no podemos vivir dignamente, nos vemos obligadas a tener un segundo empleo o a vivir con ayuda de nuestras parejas», relata. Y reflexiona: «Somos la base de la educación, nos dicen que nuestro trabajo es muy importante, pero luego no nos lo reconocen y malvivimos en la precariedad. No hay ninguna otra profesión en que se gane tan poco».

Una multitud de educadoras infantiles de 11.000 centros públicos y privados ha parado este jueves en todo el país para pedir mejoras salariales en la educación de 0 a 3 años y reducir el número de alumnos por aula, entre otras cosas. CCOO ha organizado un proceso con 55 movilizaciones en 23 ciudades que culminará con una marcha estatal en Madrid el próximo día 23.

CGT también está en la convocatoria con concentraciones en Galicia, la Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras. A las 17.30 hay una convocatoria frente a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y a las 18.00 horas, en la Puerta de Sol de Madrid.

Se trata de la primera huelga educativa a nivel estatal convocada contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Las competencias de las escuelas infantiles son autonómicas o municipales, pero la Administración central también tiene responsabilidad: ha podido fijar unas ratios máximas en la normativa que acaba de remitir al Congreso de los Diputados y no lo ha hecho.

Raquel Navas explica que en su escuela, que es municipal pero de gestión privada, «las ratios son muy altas»: «Hay ocho bebés por aula cuando deberían ser cuatro, 13 niños de 1 y 2 años cuando se recomienda que sean 6, y 20 alumnos de 2 y 3 años cuando lo idóneo es que sean 8», relata.

«Con ratios tan altas no podemos atender bien a los niños. Es necesario que se bajen y que podamos tener una pareja educativa, así como recursos para niños con necesidades especiales», enumera, y apunta que «el Gobierno puede exigir a las comunidades autónomas que se valore más a las trabajadoras del 0-3 años».

En la Escuela Infantil Europa de Mijas Costa, hay 25 personas en plantilla, todas mujeres, y este jueves están cuatro educadoras, más la directora y la cocinera. Habitualmente hay 161 niños pero sólo han ido 16. «Los padres se están implicando mucho», celebra Raquel Navas, que está haciendo huelga y atiende a EL MUNDO desde una concentración en Málaga frente a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía.

Raquel Navas y sus compañeras de toda España quieren que se reconozca el primer ciclo de la Educación Infantil «como una etapa educativa más». Reclaman que se les equipare a las trabajadoras del segundo ciclo, de 3 a 6 años, «que tienen mejores condiciones laborales: una maestra puede ganar unos 1.800 euros».

CCOO ha asegurado que el seguimiento de la huelga ha sido «masivo». «Nos están diciendo muchas localidades que han cerrado todas, que sólo hay servicios mínimos y que son abusivos», ha indicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Teresa Esperabé.

El Ministerio de Educación no ha facilitado datos de seguimiento de la huelga y se ha remitido a las CCAA. Está abierto a regular las ratios del 0-3 años, pero el proyecto de ley ha escapado ya de sus manos, así que tendría que hacerse mediante enmiendas de los grupos parlamentarios o a través de otra normativa. Escurre el bulto y responsabiliza a las comunidades autónomas.

De hecho, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha enviado una carta a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, diciéndole que «puede regular las ratios» cuando quiera sin tener que esperar a que el Gobierno apruebe su normativa. Es la respuesta a una carta remitida por el equipo de Isabel Díaz Ayuso en la que le instaba a actuar.