<p>El intento de crear un gigante espacial europeo que compita con Elon Musk de <strong>Airbus, la francesa Thales y la italiana Leonardo</strong> tiene visos de convertirse en el primer gran caso político como comisaria de Competencia de <strong>Teresa Ribera</strong>. Si su foco anterior ha estado en las tecnológicas estadounidenses, la ex vicepresidenta ahora se enfrenta a un expediente que presenta grandes interrogantes desde el punto de vista <strong>monopolístico</strong> como geopolítico.</p>
La unión de Airbus, Thales y Leonardo deja fuera a Alemania y España en un caso que tendrá que pasar bajo el escrutinio de competencia y en el que se espera una larga investigación
El intento de crear un gigante espacial europeo que compita con Elon Musk de Airbus, la francesa Thales y la italiana Leonardo tiene visos de convertirse en el primer gran caso político como comisaria de Competencia de Teresa Ribera. Si su foco anterior ha estado en las tecnológicas estadounidenses, la ex vicepresidenta ahora se enfrenta a un expediente que presenta grandes interrogantes desde el punto de vista monopolístico como geopolítico.
El acuerdo anunciado el pasado jueves de Airbus, Thales y Leonardo supone crear un gigante europeo, tal y como demandaba el informe Draghi, pero lo hace con una ecuación que concentra el negocio de fabricación de satélites en una sola empresa y además refuerza al mayor actor italiano del sector (y propiedad en un 30% del Estado) y deja fuera tanto a España como Alemania de la ecuación y del que sería el principal aspirante a gestionar y poner en marcha los grandes contratos espaciales europeos.
En España, habrá unas 1.400 personas de plantilla de un total de 25.000. Airbus aportará en torno a 1.000 que se suman a las 200 que emplea Telespazio Ibérica y los en torno a 150 de Thales Alenia Space, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, pero el poder decisorio estará en Toulouse en un momento clave de la industria aeroespacial.
El acuerdo lleva años siendo impulsado por Francia, pero quien ha jugado mejor sus cartas es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Esta anunció en enero que iniciaba negociaciones con Elon Musk como una alternativa para crear una red de comunicaciones seguras para el país.
El movimiento fue visto en primer lugar como una muestra de la cercanía de la política con la nueva presidencia de Donald Trump, con la que comparte numerosos postulados. Sin embargo, otras voces del sector también vieron una jugada diplomática para acelerar las conversaciones y garantizar a Leonardo, el actor de menor tamaño de los tres socios, un buen lugar de cara a los nuevos grandes contratos europeos y el nuevo gran actor continental.
Cabe recordar que el macrocontrato de comunicaciones seguras Iris2, que supondrá una inversión de 10.000 millones de euros, se adjudicó a la francesa Eutelsat, a la española Hispasat, que está a punto de pasar a formar parte de Indra, y la luxemburguesa SES como empresas principales, mientras que la empresa italiana quedó en un segundo escalón de subcontratistas.
El acuerdo debe renovarse con el nuevo presupuesto europeo, es decir, en 2027, justo el año en que se finalizaría la fusión si pasa por el escrutinio anticompetencia.
En este sentido, el nuevo grupo, con 6.500 millones de euros de facturación, busca ocupar posiciones tanto en la fabricación de satélites como su operación, algo siempre visto como un escollo para la competencia europea y que podría exigir compromisos adicionales o un nuevo acuerdo que incluya a otros actores que podrían verse afectados como Hispasat. La empresa española contrata la fabricación de sus satélites a ambas compañías francesas, por lo que si estas además de fabricar sus satélites empiezan a competir contra ella se vería perjudicada. Lo mismo ocurre con el grueso de actores europeos.
Aprobación trabajadores
El primer paso para el campeón europeo no será Bruselas, sino la aprobación de los comités de trabajadores. La recepción del acuerdo ha sido dispar en Francia, siempre más belicosa en este tipo de operaciones, que suelen traer recortes de empleo.
Por un lado, la rama metalúrgica de Confédération générale du travail (CGT) ha advertido que la operación creará un «monopolio» que impondrá su precio a las agencias públicas y negó la mala situación financiera que achacan las compañías francesas para justificar la lógica tras la fusión, según recoge AFP.
Ambas empresas han recortado alrededor de 3.000 empleos antes de emprender la fusión, por lo que se espera un impacto limitado en esta ocasión.
La operación además también está sujeta a flecos como la nueva estructura directiva, tema siempre sensible y especialmente cuando hay empresas con participación estatal de por medio, o compensaciones para algunas de las compañías involucradas.
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