El juez pide a la Udef un «exhaustivo» informe sobre el capital venezolano en Plus Ultra y su «eventual impacto» en el rescate de la aerolínea

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un informe «exhaustivo» sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución, con especial atención a los cambios registrados a partir de 2017, cuando entró capital de origen venezolano en la compañía. El objetivo es determinar el «eventual impacto» que esa circunstancia pudo tener en la consideración de la aerolínea cuando solicitó las ayudas públicas concedidas en 2021.

 Anticorrupción reclama analizar los cambios en el accionariado desde 2017, cuando comenzaron a entrar inversores de origen venezolano  

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), a petición de la Fiscalía Anticorrupción, un informe «exhaustivo» sobre la evolución del accionariado de Plus Ultra desde su constitución, con especial atención a los cambios registrados a partir de 2017, cuando entró capital de origen venezolano en la compañía. El objetivo es determinar el «eventual impacto» que esa circunstancia pudo tener en la consideración de la aerolínea cuando solicitó las ayudas públicas concedidas en 2021.

Así consta en una providencia notificada este martes en la que el magistrado reclama a la UDEF que elabore el informe en los términos planteados por la fiscal Anticorrupción Elena Lorente.

En su escrito, la fiscal recuerda que Plus Ultra fue constituida el 25 de agosto de 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, pero destaca que a partir de 2017 se produjeron «diversos cambios accionariales, particularmente significativos», coincidiendo con la incorporación al capital y a los órganos de gestión de personas de origen venezolano. Esa circunstancia ya había sido apuntada por la UDEF en un informe elaborado en 2025, cuando la causa aún permanecía bajo secreto.

Anticorrupción sostiene que la entrada de ese capital, formalizada mediante distintas escrituras públicas, debe analizarse para determinar si influyó en la situación de la compañía cuando solicitó el rescate público el 1 de septiembre de 2021. Por ello, considera necesario reconstruir toda la evolución accionarial de la aerolínea, identificando los cambios en la propiedad, las aportaciones efectivamente realizadas, las fuentes de financiación y cualquier otro aspecto relevante para la investigación.

El informe solicitado deberá apoyarse en la historia registral completa de la empresa y en toda la documentación que permita esclarecer la evolución de su estructura societaria.

El informe policial de 2025 ya advertía de que, desde 2017, Plus Ultra comenzó a estar controlada por nuevos socios que realizaron aparentes aportaciones de capital. Entre ellos figuraban Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas, cuyo teléfono fue intervenido por las autoridades estadounidenses y cuya información resultó clave para la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; María Aurora López López, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Borquez Tarff. También señalaba a Raif El Arigie Harbie, que ocupó cargos de responsabilidad sin ser accionista, y al empresario venezolano Alcíades José Carión Carrión por sus relaciones financieras con la compañía.

La UDEF elaboró además una radiografía del accionariado de Plus Ultra en 2021 a partir de información de inteligencia financiera. Según ese documento, la aerolínea contaba entonces con 23 socios, de los cuales 15 eran sociedades mercantiles, que habían aportado en conjunto 18,8 millones de euros.

La mayor participación correspondía a Snip Aviation, con 8,5 millones de euros en aportaciones, equivalentes al 45,33 % del capital en abril de 2021. Le seguían Fly Spain, con 2,1 millones, y Alva Skies and Wings, con 1,7 millones. Entre los accionistas individuales destacaban Flavio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobía Roye, ambos con aportaciones superiores a 1,4 millones de euros, mientras que el entonces presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, figuraba con apenas 6,49 euros.

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