Hace apenas dos años y medio, cuando la sequía convirtió el aceite de oliva en un bien de lujo, pocos podían imaginar que hoy sobraría tanto como para que el Gobierno se viera obligado a ordenar, por primera vez, la retirada del 12% de la producción, unas 188.000 toneladas, para evitar el desplome de los precios. La orden, publicada ayer en el BOE, obliga a las almazaras a inmovilizar ese aceite hasta el 30 de septiembre del año que viene, lo que ha dividido al sector en dos: el campo, que llevaba una década reclamándola, la recibe con alivio, y la industria envasadora ya ha anunciado que irá a los tribunales.
Las organizaciones agrarias consideran «histórica» la medida del Gobierno y la industria envasadora la recurrirá: «No es el camino»
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Hace apenas dos años y medio, cuando la sequía convirtió el aceite de oliva en un bien de lujo, pocos podían imaginar que hoy sobraría tanto como para que el Gobierno se viera obligado a ordenar, por primera vez, la retirada del 12% de la producción, unas 188.000 toneladas, para evitar el desplome de los precios. La orden, publicada ayer en el BOE, obliga a las almazaras a inmovilizar ese aceite hasta el 30 de septiembre del año que viene, lo que ha dividido al sector en dos: el campo, que llevaba una década reclamándola, la recibe con alivio, y la industria envasadora ya ha anunciado que irá a los tribunales.
Paco Elvira, de 46 años, cultiva 93 hectáreas en Fuente del Rey (Jaén), una provincia donde 80.000 agricultores viven del olivo. «Esta medida se ha peleado mucho porque estamos convencidos de que aportará la estabilidad que el sector necesita desesperadamente. Beneficia tanto a los consumidores como a los productores», dice. «Guardar parte del aceite cuando la cosecha es abundante para disponer de él en campañas cortas evitará cosas tan locas como la subida del precio en los supermercados por encima de los nueve euros o que los olivareros tengamos que trabajar por debajo de los costes de producción», añade Elvira, también responsable del olivar en COAG.
Según la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), el umbral de rentabilidad ronda hoy los cinco euros por kilo, frente a los tres de 2010. Por eso, advierte Elvira, «retirar producto del mercado previene la venta a pérdidas y protege la supervivencia de miles de familias del mundo rural». Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, coincide en que «no le salen las cuentas al olivar tradicional»: el aceite se paga a unos tres euros por kilo, y la retirada, matiza, «no es la solución al completo». Aun así, el campo la califica de «histórica», porque nunca antes se había aplicado.
José Ugarrio, de Asaja, confía en que sirva para «intentar reactivar los mercados y que los precios sean superiores», porque «los precios en algunos tipos de olivares están por debajo de los costes de producción».
Aquel pico, en marzo y abril de 2024, fue el máximo de la serie del INE. Hoy la botella apenas pasa de los cuatro (entre 4,05 y 4,45), y esta campaña sobra aceite: el Ministerio prevé una cosecha de 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior. Sumada a las 357.040 toneladas que ya había almacenadas, la cifra supera el 120% de la media de las seis últimas campañas, el umbral que fija la norma para activar la retirada. Cada almazara guardará el 12% de lo que produzca en depósitos propios o ajenos, y la norma no prevé ninguna compensación por el coste del almacenamiento. Agricultura revisará el porcentaje a partir del 31 de diciembre.
«Viene a alterar la ley de la oferta y la demanda, y nosotros creemos que no es el camino. Por eso la vamos a recurrir», asegura a EL MUNDO Primitivo Fernández, director de la patronal de envasadores Anierac. Para él, se trata de una medida «coyuntural» que, además, deja en desventaja al aceite español, porque «ningún otro país está aplicando medidas en este momento». Y advierte: si la retirada logra subir los precios, el efecto «finalmente se va a repercutir, probablemente, al consumidor».
Los exportadores también temen sus efectos. «Si la retirada reduce nuestra disponibilidad o competitividad en los mercados internacionales, otros países pueden ocupar ese espacio», advierte Rafael Pico, director de Asoliva. El temor a que la factura acabe en el supermercado lo comparten la CNMC, que ya alertó de ese riesgo en su informe sobre la norma, y FACUA, que considera «escandaloso» que el Gobierno intervenga ahora para frenar las bajadas cuando no lo hizo en 2023, con el litro de virgen extra de algunas marcas por encima de los 15 euros.
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