A contracorriente. Mientras en Europa se enfría la fiebre del hidrógeno verde -el combustible limpio y todavía no rentable que ganó enteros en la crisis energética de 2022 como alternativa al gas-, el Gobierno ha señalado ya en el mapa las regiones en las que arrancará la red troncal, la telaraña de tuberías que conectará los centros de producción de hidrógeno con los grandes consumidores. País Vasco, Aragón, Cataluña y Andalucía irán primero.
El Ejecutivo va a tramitar primero aquellos tramos vinculados a megaproyectos que han recibido ya ayudas públicas y que tienen un peso decisivo en el H2Med, la apuesta estrella de Enagás heredada de la etapa de Teresa Ribera
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A contracorriente. Mientras en Europa se enfría la fiebre del hidrógeno verde -el combustible limpio y todavía no rentable que ganó enteros en la crisis energética de 2022 como alternativa al gas-, el Gobierno ha señalado ya en el mapa las regiones en las que arrancará la red troncal, la telaraña de tuberías que conectará los centros de producción de hidrógeno con los grandes consumidores. País Vasco, Aragón, Cataluña y Andalucía irán primero.
No es una elección al azar. El Ejecutivo quiere priorizar algo más de 230 kilómetros de tuberías que requerirán cerca de 400 millones de euros. Se trata de tramos estrechamente ligados a tres megaproyectos industriales que ya han recibido cuantiosas subvenciones públicas y cuyos promotores (y futuros clientes) son multinacionales con músculo suficiente para adelantar inversiones.
Esos proyectos tienen nombre propio: Onuba (Huelva), Catalina (Teruel) y el electrolizador de Petronor (Vizcaya). Los tres aspiran a cocinar hidrógeno renovable a gran escala. El primero es la apuesta estrella de Moeve (antigua Cepsa), que ya ha empezado las obras de una planta de 300 MW, con potencial para producir 45.000 toneladas de este combustible renovable para 2029. La iniciativa, que abarcará una superficie equivalente a nueve campos de fútbol, ha recibido casi 304 millones de euros de ayudas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Moeve pidió al Gobierno y a Enagás -el gestor del sistema gasista español y que llevará también la futura red de hidrógeno- acelerar el tramo Huelva-Aznalcázar, 59 kilómetros de cable que requerirán casi 96 millones de inversión.
El segundo es Catalina, impulsado en Aragón por un consorcio liderado por el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) junto a Naturgy, Fertiberia, Vestas y la propia Enagás. Su previsión es poner en marcha un electrolizador de 500 MW y ya ha recibido una inyección de ayudas públicas de 245 millones. Sus promotores también pidieron acelerar dos tramos de red -Caspe-Tivissa (75 km) y Tivissa-Tarragona (62 km)-, una infraestructura con un coste asociado de 225 millones.
Finalmente, está Petronor, la filial vasca de Repsol, que tiene previsto consumir en su refinería de Muskiz (Vizcaya) el hidrógeno que produzca su electrolizador de 100 MW, que ya ha recibido fondos públicos por importe de 160 millones de euros. En su caso, la petrolera pidió apresurar el tubo que unirá los 38 kilómetros entre Muskiz y Arrigorriaga, una infraestructura a la que habrá que destinar 68 millones de euros.
En total, este primer paquete contempla 234 kilómetros de red cuya inversión asciende a 389 millones. El Gobierno va a tramitar estos primeros tramos por la vía de urgencia, lo que recorta a la mitad los plazos administrativos habituales. Si bien fuentes del Ministerio de Transición Ecológica matizan que la vía exprés no aplica al trámite de impacto ambiental, uno de los más temidos por los promotores, que cada tubo tendrá que superar por su cuenta. Una vez autorizados, las obras podrían prolongarse entre ocho meses y un año, según el caso.
Los tres hubs asociados a estas autopistas de hidrógeno han obtenido, conjuntamente, más de 700 millones de euros de subvenciones públicas y, salvo en el caso del electrolizador de Petronor, el Gobierno participa también como accionista. En Catalina, indirectamente, a través de su condición de accionista de referencia de Enagás, que es uno de los promotores. Y en Onuba, donde Moeve ha incorporado a Cofides, el ente público-privado adscrito al Ministerio de Economía, como accionista con un 14,5% del capital.
Después de estos cuatro tramos quedan otros once. Fuentes de Enagás insisten en que empezarán a tramitarse antes de que termine el año. Además del músculo inversor y una demanda apalabrada de antemano, el ministerio que dirige Sara Aagesen ha tenido en cuenta otro factor para priorizar ciertos tramos: su contribución al H2Med. Según el Ministerio, los proyectos seleccionados son «facilitadores» para el futuro corredor de hidrógeno submarino, la apuesta más ambiciosa de Enagás y un proyecto que Aagesen heredó de la etapa de su antecesora, Teresa Ribera.
A la espera de que Europa fije definitivamente las reglas de retribución de redes de hidrógeno, Moncloa ha ideado una solución provisional para evitar que el coste de los tubos encarezca la factura de los todos los consumidores de gas. Por el momento, la red troncal funcionará bajo un régimen de acceso negociado y sin derecho a retribución regulada. Es decir, los casi 400 millones de la primera fase no se cargarán en los peajes del recibo general, se financiarán con acuerdos bilaterales entre Enagás y los promotores.
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