En aquel 7 de octubre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una presentación faraónica ante jefes del Ibex y embajadores del entonces naciente Plan de Recuperación, que iba a ser financiado con una transferencia récord de fondos europeos para ayudar a aquella España golpeada por la pandemia. Anunció entonces 140.000 millones de fondos europeos recalcando en el plan presentado que lo importante era que iba a disparar la inversión privada con efecto multiplicador: «Habrá cuatro euros privados por cada euro público».
Las expectativas de transformación económica y movilización de capital que generó Sánchez en 2020 no se cumplen, según expertos de un informe final de EY.
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En aquel 7 de octubre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una presentación faraónica ante jefes del Ibex y embajadores del entonces naciente Plan de Recuperación, que iba a ser financiado con una transferencia récord de fondos europeos para ayudar a aquella España golpeada por la pandemia. Anunció entonces 140.000 millones de fondos europeos recalcando en el plan presentado que lo importante era que iba a disparar la inversión privada con efecto multiplicador: «Habrá cuatro euros privados por cada euro público».
Los 140.000 millones movilizarían 500.000 millones privados, según aquel documento monclovita. Sin embargo, este es uno de los indicadores más decepcionantes de los que aparecen en un informe recopiladopor la consultora EY. Se trata del llamado informe Radar Next Generation EU que EY ha remitido a sus clientes como balance de estos más de cinco años de fondos y en el que han participado expertos.
«La inversión empresarial privada real seguía a finales de 2025 un 3,3 % por debajo de los niveles de 2019, con señales compatibles con un efecto sustitución por el que las empresas habrían empleado los fondos públicos para financiar proyectos que ya tenían previstos», escribe Manuel Hidalgo, profesor de EsadeEcPol que ha intentado, como los socios de EY Juan Pablo Riesgo y Chus Escobar en su Radar, hacer un seguimiento de los fondos estos años. Nada fácil por la opacidad del Gobierno que ha criticado la AiREF.
Con la información disponible, Hidalgo no ve el «efecto arrastre» de inversión privada prometido y recopila datos de BBVA Research, Funcas y CaixaBank que dibujan resultados más que modestos sobre la transformación de la economía española pretendida. «El avance de la productividad atribuible a los fondos apenas alcanza entre 0,4 y 0,6 puntos del PIB; y el PIB por persona ocupada solo ha crecido dos décimas desde antes de la pandemia».
Raymond Torres, de Funcas, calcula por su parte que los fondos explican en torno al 14% como máximo del fuerte crecimiento económico de España entre 2021 y 2025 lo cual, aunque esté por debajo de las expectativas, «es un estímulo significativo». Sin embargo, no ve «el efecto transformador de la magnitud que se esperaba» y también incide en el pobre efecto movilizador «que contrasta con lo que cabría esperar habida cuenta del carácter procíclico de la inversión privada en contextos expansivos».
Para Rafael Doménech, de BBVA Research, falta inversión privada y hay riesgo de que esta aportación de los fondos al crecimiento sea sólo coyuntural. «La evidencia económica muestra que el impacto de la inversión pública sobre el crecimiento tiende a ser transitorio si no va acompañado de mejoras permanentes en el funcionamiento de la economía». Por tanto, pone el foco en las reformas realizadas ligadas a las ayudas y no ve suficientes las dos más relevantes: la laboral y la de pensiones.
En cuanto a la ejecución, a la espera de datos finales, Hidalgo ve malas señales: «España ha completado el 87 % de las reformas legislativas comprometidas, mientras que apenas se ha ejecutado el 35 % de las inversiones. No cabe duda de que el BOE ha funcionado a un ritmo notable; pero como cabría esperar las obras, los contratos y las ayudas que deben transformar el tejido productivo, lo han hecho a un ritmo mucho menor. Esa brecha entre lo regulado y lo invertido es, hoy, la principal preocupación de cualquier análisis que pueda recaer sobre la ejecución del plan».
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, critica que «el grado de ejecución del plan español se sitúa en una posición intermedia, superado por otros países» y recalca que «España ha renunciado al 73% de los préstamos» frente a otros que sí los han aprovechado. A lo que ahora aspira el Gobierno como máximo es llegar a 100.000 millones, frente a los hasta 160.000 millones asignados. Y ni siquiera es seguro llegar a esa nueva cantidad. Cuerpo anunció esta semana en el Congreso que presentará una nueva «adenda técnica» para que Bruselas permita cambiar algunos compromisos que no van a ser ya posibles.
¿Y las luces del plan? Las hay. El informe reconoce que el plan ha estimulado la digitalización y la soberanía energética (renovables e hidrógeno), entre otros aspectos, pero, para Doménech, el juicio final llegará en una década, cuando se compruebe la «capacidad para elevar de forma permanente la productividad y el crecimiento potencial de la economía española». Los datos ya apuntan, lamentablemente, a que no se ha aprovechado a fondo una oportunidad histórica quizá irrepetible en la convulsa UE.
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