<p>Durante más de dos décadas, miles de administraciones de lotería en España han hecho algo que debería ser motivo de reconocimiento: adaptarse a los nuevos tiempos y los requerimientos de los clientes. Sin ayudas públicas, sin planes estratégicos y sin una regulación clara, durante más de 20 años han invertido sus propios recursos para digitalizar su actividad y responder a los nuevos hábitos de consumo. </p>
Durante más de dos décadas, miles de administraciones de lotería en España han hecho algo que debería ser motivo de reconocimiento: adaptarse a los nuevos tiempos y los requerim
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Durante más de dos décadas, miles de administraciones de lotería en España han hecho algo que debería ser motivo de reconocimiento: adaptarse a los nuevos tiempos y los requerimientos de los clientes. Sin ayudas públicas, sin planes estratégicos y sin una regulación clara, durante más de 20 años han invertido sus propios recursos para digitalizar su actividad y responder a los nuevos hábitos de consumo.
El resultado es evidente: hoy, la venta online representa hasta el 30% de la facturación de muchos puntos de venta y mueve cerca de 1.500 millones de euros. Millones de ciudadanos utilizan estos canales con normalidad.
Y la venta online ha permitido amortiguar la pérdida de rentabilidad del 60% de los puntos de venta, como consecuencia.
Y, sin embargo, todo ese esfuerzo está hoy en riesgo. La posibilidad de que la venta online de lotería quede limitada a un único canal gestionado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) supone, en la práctica, la creación de un monopolio digital. Un paso atrás difícil de justificar en una economía que presume de defender la competencia y la libertad de empresa. No se trata solo de un debate técnico. Se trata de decidir si el Estado debe favorecer la pluralidad de operadores o concentrar el mercado en un único actor.
Los datos son elocuentes acerca de que sería un error. Según el Tribunal de Cuentas, en el Sorteo de Navidad de 2022, el 9,4% de los compradores adquirieron sus décimos a través de páginas web y aplicaciones de las administraciones de lotería, frente al 0,17% que lo hizo a través del canal online de Loterías y Apuestas del Estado. En términos absolutos, casi 2,5 millones de personas utilizaron estas vías digitales frente a unas 137.000 del canal oficial. Los consumidores han hablado: valoran la diversidad, la cercanía y la libertad de elección. Limitar esa realidad perjudicaría también a los propios ciudadanos.
El impacto económico sería inmediato. El sector acumula una pérdida de rentabilidad superior al 60% en las últimas dos décadas, como consecuencia de que el precio de la lotería es el mismo desde 2002, las comisiones de los loteros son prácticamente las mismas desde hace 21 años, mientras los costes de explotación han crecido un 60%. El canal online ha sido una herramienta esencial para sostener la actividad. Eliminarlo supondría condenar al cierre a miles de negocios de los 10.500 puntos de venta y la pérdida de miles de los 18.000 empleos. Hablamos de pequeños negocios familiares que forman parte del tejido económico de barrios y municipios.
Desde la asociación de administraciones de lotería Defensa Digital (DEDIT) no pedimos privilegios. Pedimos algo mucho más básico: reglas claras para mantener el sistema actual. Llevamos más de 25 años esperando una regulación que reconozca la realidad existente. Mientras tanto, el sector ha hecho su trabajo. Ahora le corresponde a la Administración hacer el suyo.
La digitalización no puede convertirse en una excusa para monopolizar el mercado. Regular no es limitar. Es garantizar que la competencia, la innovación y la libertad de empresa sigan siendo pilares de nuestra economía.
* Jon Urkiola es presidente de DEDIT
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