Los días «al límite» de policías, guardias civiles y militares en Ceuta: «Estamos abandonados en el caos»

Ceuta está muy lejos de la normalidad. Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos del pasado 30 de julio, la ciudad continúa atrapada en una situación de excepcionalidad que está poniendo al límite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que deja episodios de violencia cada vez más frecuentes. El último ejemplo se produjo la madrugada del pasado jueves, cuando a las 5.30 horas un grupo de entre 30 y 40 hombres extranjeros tendió una emboscada a cuatro militares del Grupo de Regulares que se dirigían a su punto habitual de vigilancia en la zona de Benzú.

Patrullaban en un vehículo no blindado. «No Iban armados ni con equipo de protección adecuados», apunta un militar desplazado en Ceuta consultado por EL MUNDO. Los soldados fueron rodeados y recibieron una lluvia de piedras de grandes dimensiones contra el vehículo, que quedó prácticamente destrozado, hasta el punto de que se vieron obligados a abandonarlo y huir a pie mientras continuaban siendo perseguidos.

Los cuatro militares resultaron heridos y tuvieron que alertar al 112 para pedir auxilio, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia en el que participaron la Policía Nacional y la Guardia Civil y que terminó con 12 detenidos, mientras otros integrantes del grupo lograban escapar. Además, otra patrulla del Ejército se desplazó hasta el lugar para apoyar el dispositivo, según fuentes consultadas por este periódico. «Todos los que estamos aquí estamos desprotegidos y abandonados», zanja el militar.

El episodio vuelve a poner de manifiesto la enorme presión a la que están sometidos los efectivos desplegados en Ceuta, que deben afrontar una situación de seguridad extraordinaria con unos medios y unas condiciones de trabajo que las propias organizaciones profesionales consideran insuficientes. Las asociaciones de militares, entre ellas la Asociación de Tropa y Marinería Española, han condenado lo ocurrido y han reclamado al Gobierno medidas urgentes de protección para quienes están desplegados en la ciudad en labores de vigilancia y apoyo a las fuerzas de seguridad.

La emboscada a los militares no es un episodio aislado. «Estamos abandonados. Esto es un caos», concluye a este periódico uno de los agentes desplegados en Ceuta. Hace apenas unos días, un guardia civil que se encontraba fuera de servicio fue abordado de madrugada en las inmediaciones del Muelle Cañonero Dato por un hombre de origen marroquí que le exigió dinero. Cuando se negó y se identificó como agente del Instituto Armado, otras cinco personas se sumaron al asalto y comenzaron a agredirle con empujones, puñetazos y patadas. El hombre advirtió a sus agresores que iba a avisar a la Policía, pero la identificación no frenó la agresión: el grupo continuó golpeándole hasta que finalmente huyó hacia la zona portuaria. Tres sospechosos fueron detenidos inicialmente y, posteriormente, dos adultos quedaron en prisión provisional por su presunta participación en los hechos. Están investigados por delitos que incluyen atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia.

Las agresiones sufridas durante estas semanas por agentes de las unidades policiales desplazadas para contener la crisis se suman a esta situación que los propios agentes consideran «límite». Los grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) -creada en 2002 para reforzar la seguridad en las calles y actuar con rapidez ante incidentes urbanos- también han sufrido agresiones y pedradas mientras hacían su trabajo en las calles de Ceuta. Se quejan de faltan de efectivos para contener tal magnitud migratoria y hacer frente a lanzamientos de piedras, arañazos, golpes y situaciones de gran tensión durante sus intervenciones. La Policía Nacional es la que se encarga de la seguridad ciudadana en la ciudad y los hace, según fuentes del Cuerpo, con un total de 190 agentes antidisturbios, 40 de ellos son de Ceuta, con lo que el refuerzo, a su juicio, «se queda muy corto».

El resultado es una ciudad en la que policías, guardias civiles y militares se encuentran sometidos a una presión extraordinaria: tienen que contener simultáneamente la presión migratoria, vigilar las zonas donde se concentran los recién llegados, intervenir ante episodios de violencia y evitar que la creciente tensión entre parte de la población local y los migrantes desemboque en enfrentamientos mayores. La imagen de cuatro militares obligados a abandonar su vehículo y correr para ponerse a salvo después de ser sorprendidos por decenas de personas constituye, por sí sola, un retrato de hasta qué punto la situación se ha deteriorado.

Y mientras desde el Gobierno se insiste en que se están movilizando recursos para recuperar la normalidad, sobre el terreno los sindicatos y asociaciones profesionales reclaman más efectivos, mejores medios y mayor protección para quienes están sosteniendo, en primera línea, una crisis que un mes después de aquella entrada masiva todavía dista mucho de estar resuelta. «Estamos trabajando en unas condiciones que, sinceramente, son muy difíciles. Llevamos días con una presión enorme, con jornadas intensas, a veces de más de doce horas y teniendo que permanecer permanentemente alerta ante cualquier incidente. Lo más preocupante es que las agresiones contra nosotros se están convirtiendo en algo cada vez más habitual», detalla uno de los policías de la UIP.