Las políticas laborales no solo transforman el mercado de trabajo, sino que alteran el propio termómetro con el que se mide su salud. En el último lustro, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas de calado, desde la gran reforma de Yolanda Díaz hasta la histórica regularización de inmigrantes. Todas ellas han impactado de lleno no solo en el empleo, sino también en las estadísticas. De modo que comparar las cifras actuales con las de hace unos años provoca una distorsión que empieza a sembrar dudas entre los expertos.
El propio Gobierno reconoce que será necesario reinterpretar los datos durante meses para aislar el impacto de la regularización
Las políticas laborales no solo transforman el mercado de trabajo, sino que alteran el propio termómetro con el que se mide su salud. En el último lustro, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas de calado, desde la gran reforma de Yolanda Díaz hasta la histórica regularización de inmigrantes. Todas ellas han impactado de lleno no solo en el empleo, sino también en las estadísticas. De modo que comparar las cifras actuales con las de hace unos años provoca una distorsión que empieza a sembrar dudas entre los expertos.
El mercado laboral atraviesa uno de los momentos más sólidos de las últimas décadas. La Seguridad Social acaba de superar los 22,5 millones de afiliados y el paro se mantiene en el entorno de los 2,3 millones, mínimo de 2007. La temporalidad ha caído a niveles históricamente bajos, con un 40% de contratos indefinidos registrados cada mes en el Ministerio de Trabajo y una tasa global del 12,3% en el sector privado -en el público aún supera el 27%-, según la EPA.
Pero analizar estas grandes cifras a día de hoy exige algo más que compararlas con las registradas en años anteriores. Para entender lo que realmente está ocurriendo es necesario interpretar cómo las decisiones políticas están transformando las propias estadísticas. De ahí que organismos como el Banco de España o la AIReF hayan venido insistiendo en que los indicadores clásicos para medir la estabilidad laboral deben interpretarse con cautela porque la composición del empleo ha cambiado.
El ejemplo más claro se observa en la ruptura estadística que provocó la reforma laboral de 2021 por el vuelco que supuso en el marco contractual. Pero la drástica reducción de la temporalidad -la tasa en el sector privado en 2021 superaba el 24%, de modo que ha caído en más de 12 puntos- está muy influida por el desplazamiento de los contratos temporales hacia la figura del fijo discontinuo, que cuenta como indefinido en las estadísticas a pesar de que estos trabajadores alternan periodos de actividad e inactividad.
Los fijos discontinuos merecen un capítulo aparte. Esta modalidad pasó de ser residual a firmarse de manera masiva, lo que llevó a servicios de estudios como Fedea o BBVA Research a advertir de que los datos de desempleo ya no eran del todo representativos porque el Gobierno no aportaba información sobre los fijos discontinuos inactivos, que no trabajan pero no figuran como parados.
Hoy en España hay 940.000 trabajadores con un contrato fijo discontinuo dados de alta en la Seguridad Social, pero Trabajo sigue sin revelar cuántos están en periodo de inactividad. Las estimaciones de Randstad Research en base a los demandantes de empleo con relación laboral sitúan los fijos discontinuos inactivos en el entorno de los 900.000 en julio. Es decir, prácticamente igualan a los activos.
Con todo, el director del servicio de estudios, Valentín Bote, afirma que «el discurso triunfalista del Gobierno no se sostiene, porque no se ha acabado con la temporalidad ni con el paro, sino que se han reducido en las estadísticas». En su opinión, las cifras «se han vuelto menos comparables que en el pasado» y «en algunos casos, las variables son menos fiables».
«Cuando la población activa suma de golpe tres millones de personas y la reforma laboral impide la inmensa mayoría de la contratación temporal, a la fuerza los indicadores dejan de ser comparables», apunta, por su parte, el economista Javier Santacruz, que coincide en que «la temporalidad nunca ha desaparecido, solo se ha camuflado». A la hora de tomar el pulso al mercado laboral, Bote prefiere fijarse en otros indicadores, como «la mortalidad de los contratos indefinidos (seis de cada diez no llegan a su primer cumpleaños) o el hecho de que 30.000 personas firmen más de un contrato indefinido dentro del mismo mes».
Hace tiempo que la contratación o el paro registrado dejaron de ser indicadores válidos para medir la estabilidad real del empleo y los economistas empezaron a prestar más atención a variables como la afiliación efectiva o las horas trabajadas. Y especialmente tras la regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha provocado la segunda gran transformación estadística. A cierre de julio se habían dado de alta en la Seguridad Social más de 260.000 regularizados. Para hacerse una idea del volumen, suponen más del 60% de todo el empleo extranjero creado en el último año y han impulsado el récord de afiliación pese a la caída de cotizantes de nacionalidad española en julio.
Paradójicamente, mientras decenas de miles de inmigrantes obtienen autorización para trabajar, el desempleo entre el colectivo aumenta. Solo el mes pasado se apuntaron al paro 15.000 extranjeros. Trabajo reconoce que muchos de ellos «ya estaban en nuestro país, pero carecían de derechos». Es decir, gran parte de ese empleo ya existía, pero esas personas trabajaban en la economía sumergida. De hecho, según cálculos de Funcas, ya en las primeras semanas del proceso de regularización afloraron hasta 20.000 empleos.
El propio Gobierno ha admitido que será necesario reinterpretar durante varios meses tanto las cifras de afiliación como las del paro para aislar el impacto puramente estadístico de la regularización. «Sabemos que parte de la regularización va a hacer que las estadísticas, no solo de afiliación sino de paro, tengan que ajustarse», afirmó recientemente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Por su parte, la CEOE ha pedido interpretar los indicadores «con cautela», ya que parte de los regularizados pueden «estar incorporándose a las estadísticas de desempleo para acceder a programas de inserción laboral o facilitar su contratación mediante incentivos y bonificaciones en las cotizaciones». «Esta circunstancia condiciona la comparabilidad de los datos con ejercicios anteriores y debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la evolución del mercado laboral», apuntan desde la patronal.
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