España sigue una curva ascendente en gasto militar. En 2025 alcanzó el 2,1% del PIB por primera vez en tres décadas. En cifras, eso supone un total de 34.265 millones de euros o, lo que es lo mismo, la mitad del gasto público anual en educación o la tercera parte de la factura en sanidad y casi el triple del gasto en dependencia. Esta misma semana la cifra se ha visto incrementada en otros 6.287 millones para distintos programas aprobados en Consejo de Ministros.
Reproches al Gobierno por traspasar todos los límites de la transparencia hasta crear una enorme factura opaca en la que se mezclan armas, salarios, planes de inversión y programas de inteligencia
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España sigue una curva ascendente en gasto militar. En 2025 alcanzó el 2,1% del PIB por primera vez en tres décadas. En cifras, eso supone un total de 34.265 millones de euros o, lo que es lo mismo, la mitad del gasto público anual en educación o la tercera parte de la factura en sanidad y casi el triple del gasto en dependencia. Esta misma semana la cifra se ha visto incrementada en otros 6.287 millones para distintos programas aprobados en Consejo de Ministros.
Con estos números Pedro Sánchez ha desactivado el señalamiento de Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), pero, al mismo tiempo, ha reactivado un malestar interno que crece desde la derecha y desde la izquierda y acaba confluyendo en un reproche común: el Gobierno destina cantidades milmillonarias de dinero público al margen de las Cortes, traspasando todos los límites de la transparencia hasta crear una enorme factura opaca en la que se mezclan armas, salarios, planes de inversión y programas de inteligencia.
Ni la izquierda ni la derecha aprueban su gestión en este terreno: los primeros lo hacen con argumentos que inciden en la urgencia de dedicar el dinero público a necesidades acuciantes de la ciudadanía; los segundos le reprochan la ausencia total de diálogo a la hora de tomar decisiones muy caras en el ámbito de una política de Estado que debería contar con el visto bueno del Parlamento.
Ahora, tras la cita de Ankara, tanto los socios como la oposición exigen explicaciones. El PP ya ha reclamado el expediente completo del acuerdo del pasado día 7 por el que se autoriza la transferencia de crédito por 6.287 millones procedente de diversas secciones para financiar actuaciones del Ministerio de Defensa, así como el expediente que contempla otra transferencia por un total de 1.399 millones al Ministerio de Industria para financiar actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa.
Podemos, por su parte, exige a Sánchez que aclare si ha comprometido nuevo gasto militar y acusa al presidente de ocultar a los ciudadanos que está dedicando su dinero a armamento en lugar de a servicios públicos.
El gasto en defensa se ha convertido así en un campo de batalla en el que Pedro Sánchez, más allá del aplauso momentáneo de Trump, no cuenta con aliados. La oposición a la que se enfrenta el Gobierno es particularmente dura en los partidos que hasta ahora le han sostenido en el poder y ello ha propiciado el que, para evitar un choque frontal con debates incómodos y votaciones en contra, el Gobierno se haya refugiado en ajustes y maniobras contables, transferencias presupuestarias y créditos extraordinarios, como vías fáciles y rápidas pero también oscuras y poco democráticas, para dedicar cifras ingentes a gasto militar.
El PP reclama los informes de los últimos créditos para defensa
Este ha sido el camino empleado para cabalgar su propia contradicción, esa en la que incurre al presentarse como adalid internacional del no a la guerra al tiempo que sitúa a España como el tercer país de la OTAN que más ha elevado su inversión en defensa hasta el punto de que ha aumentado cinco veces más que lo que ha crecido el PIB.
La etiqueta del pacifismo, pensada para aplacar a unos socios radicalmente contrarios a una OTAN dominada por EEUU y su industria bélica y que detrae recursos que podrían destinarse a gasto social, ha empezado a deshilacharse. El rechazo al aumento del gasto militar sigue siendo frontal en formaciones como Podemos, Bildu, ERC y BNG y se mantiene latente en Sumar. Un rechazo que, sin duda, será definitivo si, como promete ahora el Gobierno, se remite a las Cortes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027 en el que inevitablemente se tendrá que incluir una partida espectacularmente alta para la defensa, aunque se trate de distribuir con distintas denominaciones en varias secciones y ministerios.
Podemos acusa: «En español dice no a la guerra y en inglés, sí al rearme»
Por su parte, en la derecha, firme defensora de la Alianza y sus necesidades, el aumento exponencial del gasto militar ha provocado también un duro enfrentamiento con el Gobierno por su opacidad «propia de trileros» y por la intención clara de utilizar la política de defensa para «ir al choque». «Sánchez», acusan los populares, «dice una cosa sentado en la mesa de la OTAN y otra cuando se levanta». Curiosa coincidencia con el reproche que se lanza desde Podemos: «En español dice no a la guerra y en inglés dice sí al rearme».
La subida más importante -10.470 millones de una tacada- se llevó a cabo el año pasado mediante acuerdo del Consejo de Ministros y la aprobación de tres decretos ordinarios -sin necesidad de convalidación en el Congreso– para reorientar Fondos Next Generation, utilizar «ahorros disponibles» y emplear partidas presupuestarias no gastadas.
Sumar calificó el incremento de «desorbitado»; Podemos llamó a la «movilización social»; el Partido Popular llegó a hablar de «cacicada antidemocrática» ; ERC enarboló el eslogan «escuelas y hospitales antes que tanques» y el PNV reclamó que el dinero se invirtiera en la industria española y no en compras a otros países. Y, ahora, tras Ankara, las espadas siguen en alto.
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